El Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), referente del ecologismo en las Islas desde su fundación y protagonista de las grandes movilizaciones por la defensa del territorio, está en plena campaña para lo que su presidente actual, Amadeu Corbera, define como «la vuelta a la calle» y la primera «llamada de atención» a la izquierda para «avanzar hacia un cambio de modelo».
Para el próximo día 28 de mayo se convoca en la plaza Major de Palma a formar un gran mosaico que visualice la necesidad de «tomar medidas para proteger a las generaciones futuras». Será la culminación de una campaña de recogida de firmas, que este pasado fin de semana también se realizó en Barcelona, para que el Parlament apruebe la llamada Ley de bienestar para las generaciones presentes y futuras de les Illes Balears.
Es la primera propuesta de iniciativa legislativa popular que impulsa el GOB desde que gobierna la izquierda. También –y así lo reconoce Corbera–, la primera estrategia movilizadora desde que en 2012 (dos años antes de que Francina Armengol asumiera por primera vez la presidencia del Govern) se celebraran manifestaciones, caceroladas y cadenas humanas para frenar un hotel en sa Ràpita (Campos).
«El GOB y el ecologismo han protagonizado grandes movilizaciones, mucha gente se ha sentido corresponsable de hitos relevantes, de la protección de Cala Mondragó, de Es Trenc, de la Ley de Espacios Naturales... las nuevas generaciones no han tenido su oportunidad y todas tienen derecho a tener su foto para la Historia», apunta Corbera que recuerda el momento en que se produce esta recogida de firmas: en pleno el debate sobre turismo, el consumo de territorio y el cambio de modelo.
Se necesitan 7.500 firmas
«Ha habido avances pero hay que salir a la calle y empujar a los políticos porque está claro que sin ese empuje no se dan por aludidos. Hemos esperado ocho años con la izquierda», indica. Para que la ley –que según su preámbulo «pretende asegurar que nuestra economía vuelva la vista a la necesidad de un modelo que ponga la vida en el centro en vez de continuar con un monocultivo que nos hunde»– sea debatida por el Parlament se necesitan reunir 7.500 firmas antes del 23 de junio.
En su propuesta de artículo primero (tiene 10, dos disposiciones transitorias y una final) se seña que el objeto de la ley es «velar para que las actuaciones de las instituciones públicas garanticen el bienestar ecológico, económico y social de las generaciones presentes y futuras». El texto plantea una evaluación sobre este impacto en las leyes de Presupuestos y que se establezca una comisión consultiva. La disposiciones de la ley serían de obligado cumplimiento «ante cualquier proyecto».