La iniciativa de Podemos para que cada isla pueda ser declarada zona de bajas emisiones y limitar la llegada de automóviles de alquiler –algo que permite la ley estatal de cambio climático– añadió ayer agitación al debate político sobre el turismo. Tanto el PP como Cs incluyeron esta nueva propuesta –surgida de la última reunión de la ejecutiva morada para ser presentada a sus socios en el Govern– entre las «restricciones» y «limitaciones» que, en su opinión, ponen en peligro la industria turística. Todo ello mientras se está tramitando en el Parlament el proyecto de ley turística y se cruzan debates paralelos en los que los tres partidos del Govern plantean propuestas diferentes: los coches de alquiler –llegaron un millar el lunes y se esperan otros 2.500 para mayo– y los cruceros.
«Es terrible que en estos momentos haya todavía sectores solo preocupados por el número y la posible congestión o masificación», indicó el portavoz parlamentario del PP, Antoni Costa, para quien «lo importante ahora es que quien más sufrió las consecuencias de la pandemia pueda recuperarse». Y añadió: «Esperamos una excelente temporada». La tesis del portavoz ‘popular' es que el PSIB se deja llevar por quienes buscar el decrecimiento. A la vez, lamento no haber sido consultado desde el Govern para introducir cambios en la norma turística, un canal que si está abierto con otras formaciones.
Crísticas de Cs
Algún acuerdo sí parece ser posible con el PI. Su portavoz, Josep Melià, se mostró confiado ante la posibilidad de «llegar a acuerdos y acercar posiciones». Ciudadanos (Cs), sin embargo, está cada vez más alejado de la estrategia turística del Govern. No hay pleno en que su portavoz, Patricia Guasp, no critique la gestión del conseller Iago Negueruela o en el que intente que la presidenta Armengol se defina con claridad. Guasp, tras la reunión de la Junta de Portavoces de los miércoles, rechazó el modelo de la limitación frente al del «crecimiento inteligente, sostenible y responsable». Tanto Alejandro López como Miquel Ensenyat –portavoces de Podemos y Més per Mallorca en el Parlament– trataron de explicar que se podía estar, a la vez, en un Govern que apuesta por el turismo y ponerle límites. Según López, la idea de limitar la entrada de coches se puede tomar ahora pero no inmediatamente después de que se levantaran las restricciones por la pandemia pues el objetivo era recuperar la economía y que todo volviera a la normalidad. Según López, ahora sí se pueden poner límites.
El PI, receptivo
Miquel Ensenyat alertó del peligro de «poner todos los huevos en una misma cesta», en referencia al turismo e indicó que los años ochenta de siglo pasado, el crecimiento de turistas no fue acompañado de más renta per capita. «Ya hemos llegado al tope, depender sólo del turismo es un suicidio» y «aunque hay más turistas, los ciudadanos son más pobres y el trabajo no es de mejor calidad». Precisó, eso sí, que desde el Govern, del que su partido forma parte, se va en esa línea. En el pleno de la próxima semana se incluirán diversas preguntas, tanto al conseller Negueruela como a la presidenta Armengol, sobre las aparentes diferencias de criterio. Desde el PI, Josep Melià se mostró receptivo a la propuesta de Podemos sobre los coches de alquiler. En Formenera ya hay límites. De hecho, reclamará una actualización del estudio de carga que se pidió en la pasada legislatura ante el inicio de lo que se prevé como una buena temporada con riesgo de exceso y saturación. «Es hora de poner un tope», indicó el portavoz insularista.
El apunte
Pilar Costa indica que el PSIB no teme abrir ningún debate
La portavoz del grupo parlamentario socialista, Pilar Costa, indicó que la negociación con Podemos no se había abierto formalmente pero que al PSIB «no le da miedo iniciar ningún debate». Los acuerdos de gobernabilidad de 2019 fijaban reuniones entre los partidos del Pacte en los que se debaten las propuestas que se llevan a los plenos las iniciativas de los diferentes grupos. En algunas se llega a acuerdos y en otras no. La referida a los coches de alquiler afecta a diferentes instituciones y, además, va en consonancia con la una ley estatal.