La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha iniciado una campaña para cobrar los derechos de autor en los establecimientos de alquiler turístico y viviendas vacacionales de Mallorca y del resto de Islas. Tanto la Associació d'Habitatges de Lloguer Turístic a les Illes Balears (Habtur) como la Asociación Balear de Alquiler de Viviendas Vacacionales coinciden en que la medida «no tiene razón de ser».
Los propietarios y empresas comercializadoras de este tipo de alojamientos han recibido una carta de la SGAE donde se les dice que «esta entidad ha comprobado que en el negocio del que usted es titular se están realizando obras y prestaciones del repertorio administrado por la SGAE y las entidades AGEDI (Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales) y AIE (Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España)». Lo cierto es que la mayoría de los establecimientos que han recibido esta carta aseguran que previamente no les ha visitado ningún técnico del SGAE para comprobar qué tipo de servicio ofrecen a sus clientes y advertirlos.
Los más indignados por esta notificación son los propietarios de viviendas vacacionales que, que en muchos casos, no tienen ni televisores en las habitaciones ya que los clientes vienen «totalmente equipados con sus propios equipos electrónicos con todo tipo de plataforma digitales», indica la gerente de Habtur, Maria Gibert.
La carta del SGAE advierte que «se necesita la licencia de autorización previa de los autores o titulares de las obras, según los dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual, así como del pago de los derechos de remuneración correspondientes devengados por dicha comunicación pública». Y se da un plazo de siete días para que los propietarios de los establecimientos se pongan en contacto con el representante de la Sociedad en su zona con el fin de evitar que se inicien acciones legales contra su negocio.
Miguel Cifre, presidente de Asociación de Viviendas Vacacionales, señala que este tipo de cartas «comenzaron a recibirse en plena temporada alta pasada y ahora se incide de nuevo ante la inminente apertura total de los establecimientos turísticos en las Islas». Apunta Cifre que la realidad actual del alquiler vacacional «es muy diferente a la hotelera, ya que nuestros clientes vienen totalmente equipados tecnológicamente».
La SGAE, en caso de que no haya acuerdo amistoso, puede reclamar por el juzgado todos los atrasos, con un máximo de cinco años desde la primera notificación, así como todos los gastos de investigación para demostrar la infracción. La tarifa mensual que SGAE, AGEDI y AEI piden es de 35 euros mensuales. Si la apertura del establecimiento es de doce meses al año, el coste sería de 420 euros anuales.
Ambas patronales empresariales indican que la petición de la entidad SGAE no se dirige a particulares, «ya que solo se reclama a las grandes compañías explotadoras que son titulares de licencia de explotación de docenas de propiedades». Afirman que, en su caso, se trata de viviendas o casas privadas que se comercializan turísticamente y que no tienen los mismos parámetros de los hoteles.
Las claves
-
Sentencias judiciales en contra de los intereses recaudatorios de la SGAE
La pugna de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por la difusión de obras en las televisiones de las habitaciones hoteleras ha chocado con varias sentencias judiciales, entre ellas la de Santiago, que fallaron a favor de hoteles que recurrieron el cobro por emisiones.
-
Seguimiento exhaustivo de la oferta turística para exigir el cobro anual
La SGAE realiza un cribado anual de toda la oferta de alojamiento con el fin de poder recaudar los impuestos por propiedad intelectual. En cada zona, en este caso en Balelars, cuenta con un representante oficial que es el que tiene que realizar las inspecciones para verificar irregularidades.
-
Convenio con la patronal CEHAT para evitar indemnizaciones
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) firmó en su día un acuerdo con la SGAE para canalizar todo lo concerniente a este tema, así como evitar las indemnizaciones que tenían que abonar los hoteles. La situación, de momento, está regulada.