Govern, Consubal y la patronal de las agencias de viajes Aviba confirman que hay todavía aerolíneas y empresas comercializadoras de vuelos que incumplen la norma que les impide preguntar la condición de residente antes del final del proceso de reserva de billetes, lo cual encarece el precio más de un 30 %. Tanto compañías aéreas como marítimas están obligadas desde marzo del pasado año, según la Ley de Presupuestos del Estado, a que en la venta de los billetes por medios telemáticos no pueda tenerse en cuenta la condición de residente para el 75 % de descuento hasta los últimos pasos del proceso.
El portavoz de Consubal, Alfonso Rodríguez, afirma: «Las aerolíneas utilizan una doble tarifa para las reservas con derecho de descuento de residente para incrementar el precio y beneficiarse de la subvención estatal para los viajes interinsulares y de las Islas con la Península». En el seguimiento que realizan Consubal y la patronal Aviba sobre el cumplimiento o no de la nueva norma han detectado, que hay empresas que incumplen de forma reiterada la normativa vigente, entre ellas las del grupo IAG (Iberia Express y Vueling) y Air Europa.
El director general de Ports i Aeroports, Xavier Ramis, señala que «mantenemos un contacto periódico con la Dirección General de Aviación Civil para controlar esta situación».
El Govern apunta que la estrategia comercial que realizan algunas aerolíneas supone un «fraude para las arcas estatales», de ahí que piden a la Administración un seguimiento periódico y más exhaustivo. Ramis puntualiza que se ha comunicado por escrito a Aviación Civil para que las compañías pidan al final del proceso de la compra si se es o no residente.
Para Consubal «la actitud de algunas compañías es injustificable, pero también lo es que Aviación Civil y la Administración central pasen de sancionar a las aerolíneas que siguen incumpliendo, una y otra vez, la norma y aprovechándose de aplicar unos sistemas tarifarios más altos para recibir mayor subvención estatal con el descuento del 75 %».
Desde la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) no se comparte el nuevo sistema, al entender que «puede generar confusión» a los compradores. «El sistema vigente hasta la entrada de la nueva normativa era transparente y ofrecía información clara al dar el precio final al residente y al no residente. Ahora puede generar confusión ya que si una persona ve un billete de 100 euros puede entender que con el 75 % va a pagar solo 25 euros. Cuando llegue al final verá que su billete le va a costar en realidad 46 euros porque las tasas no entran dentro del 75 %», indican estas fuentes.
El Govern quiere evitar el encarecimiento artificial de los precios con la aplicación del descuento de residente.
Punto de vista
Aviba: «Pese a las reuniones que tenemos, no cumplen la ley»
El presidente de la patronal de las agencias de viajes Aviba, Francesc Mulet (en la imagen), indica que en todos contactos que mantienen con las aerolíneas para evitar cualquier tipo de irregularidad comercial con el descuento de residente «siguen adelante con sus estrategias, ya que pese a las reuniones no cumplen la ley».
Mulet entiende el malestar de las asociaciones de consumidores de las Islas y de las quejas y denuncias que se presentan ante Consum «porque las compañías aéreas deben acatar la ley y no aprovecharse de la subvención del descuento de residente, ya que ello encarece el precio de los billetes».
El dato
Encarecer precios por crecer la demanda
Las compañías aéreas aprovechan las épocas de mayor demanda vacacional para subir los precios, lo cual incide negativamente en los consumidores por tener que pagar más. Aquí, las aerolíneas se aprovechan del descuento de residente.
El dato
Transportes no actúa contra las empresas
El Ministerio de Transportes está al corriente de esta práctica comercial de las compañías de aviación y navieras. El problema radica en que en ocasiones el Gobierno se plantea eliminar el descuento del 75 % por el abuso que hacen del mismo las empresas.
El dato
Evitar irregularidades con la subvención
La Administración, con la nueva normativa vigente, quiso cortar de raíz los posibles fraudes en la aplicación de las subvenciones y el doble sistema tarifario que partidos políticos, residentes y usuarios denuncian desde hace tiempo ante las instituciones.