La histórica subida del Índice de Precios de Consumo (IPC) en marzo ha dejado a Baleares con un encarecimiento de los productos por debajo de la media nacional aunque igualmente desorbitado. La guerra en Ucrania ha desatado la inflación hasta unos extremos ya constatados en las últimas semanas, con una subida del IPC en las Islas del 2,8 %, alcanzando así un incremento del 9,4 % con respecto a marzo de 2021 y una variación media en lo que va de año del 3,3 %. La vivienda, la energía, el combustible y el transporte es donde se han centrado las subidas más significativas, de modo que en ese sentido, el Archipiélago se alinea con la tendencia generalizada a nivel estatal. Así, el apartado en que más se ha disparado el incremento del IPCha sido el de vivienda, agua y productos energéticos, con un 2,8 % respecto a febrero y un 31,13 % en el interanual. La subida acumulada en lo que va de año es la segunda más alta con un 8,6 %.
El incremento más elevado en el acumulado anual corresponde al transporte: un 11,4 %. Los incrementos en el mensual y en el interanual fueron del 6,2 % y del 17, 1 %, respectivamente. El único apartado que no ha registrado un incremento mensual ha sido el de comunicaciones, con una variación nula e incluso un decrecimiento del 0,4 % en el interanual. Por otro lado, el único decrecimiento en el acumulado anual corresponde al apartado de vestido y calzado (-10,4 %), que no obstante subió un 2 % respecto a febrero y un 2,9 % respecto a marzo de 2021. La cesta de la compra es la tercera categoría que más crece en el interanual, con un 5,8 %. El incremento mensual, no obstante, fue de los más bajos con solo un 0,6 %.
En el índice general, las subidas en Balears están todas por debajo de la media española, con crecimientos del 3 % en el mensual, del 9,8 % en el interanual y del 3,5 % en lo que va de año. La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, recalcó en su reciente visita a Palma que las previsiones de los bancos centrales europeo y español anticipan una «senda descendente» de la inflación a partir del segundo semestre y que, en todo caso, el objetivo del plan nacional de respuesta a la crisis de España, dotado con 16.000 millones de euros, es acelerar ese proceso «para dejar atrás el pico de inflación cuanto antes». Para ello defendió la aplicación de medidas alineadas con las del entorno europeo, especialmente las subvenciones y rebajas fiscales para sectores y colectivos más afectados.
El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Balears (Consubal) valoró «con mucha preocupación» una subida generalizada de los precios que «llevamos viendo hace bastante tiempo». «Hay productos de la cesta de la compra como la pasta y el arroz que sí se encarecen por encima de la media», señaló para añadir que las medidas desplegadas en el plan de choque gubernamental «son escasas y no sabemos cuándo se van a aplicar muchas de ellas». Además, lamentó, «la burocracia lo está ralentizando todo». Así, reclamó a los responsables del Gobierno de España y del Govern balear «más agilidad y rapidez» a la hora de ejecutar las ayudas y hacerlas llegar a los sectores y familias más necesitados.
Por su parte, el presidente de la Federación de la Pequeña y la Mediana Empresa de Mallorca (Pimem), Jordi Mora, advirtió que la inflación será «el gran problema de 2022 por delante de la pandemia» y se refirió a la misma como «hiperinflación», como prefiere llamarla. En declaraciones a Europa Press, Mora advirtió que la situación de debilidad y de endeudamiento del tejido empresarial tras la pandemia dificulta asumir incrementos salariales al tiempo que el encarecimiento generalizado de los costes de producción, principalmente por la escalada en el precio de la energía y los combustibles. Asimismo, Mora consideró que si se logra controlar el precio de la energía y el combustible, el incremento de la inflación podría frenarse.
Por su parte, el secretario general de CCOO, José Luís García, reivindicó que los trabajadores «no tienen que ser los únicos que paguen el incremento de los precios». García se mostró partidario del Pacto de Rentas con medidas complementarias en materia de vivienda, energía y combustibles para no perder poder adquisitivo. Por su parte, el secretario general de UGT, Lorenzo Navarro, defendió la necesidad de aumentar los salarios para combatir la inflación.