El PP ha recriminado al Consell de Mallorca que el nuevo reglamento de las escuelas de 0 a 3 años, aprobado este miércoles en el pleno extraordinario, «va contra de la libertad de elección de las familias» para llevar a sus hijos al centro educativo que ellas deseen. Los 'populares' en el Consell han mostrado así su oposición a una normativa de las escoletes que consideran que «se ha hecho de espaldas a todo el mundo y es ajeno a la realidad que se vive en la isla», según ha indicado el PP en un comunicado.
La portavoz adjunta del partido en el Consell Insular, Antònia Roca, ha censurado que «este reglamento ataca a una modalidad de cuidado de los niños que no es educativa», ya que a su entender «va en contra de la libertad de las familias a elegir dónde quieren llevar a sus hijos». «Las guarderías y centros asistenciales tienen que seguir existiendo porque responden a la necesidad básica de la conciliación laboral y familiar», ha defendido Roca.
Por eso, pese a que está de acuerdo en «regular» el sector ha pedido que esta reglamentación tendría que «ser compatible con su función y servicio». Roca también ha insistido en la gratuidad de la educación 0-3 años, tanto pública como privada «para favorecer la conciliación» y «porque las familias puedan elegir en libertad».
Por su parte, la entidad Escola Catòlica de les Illes Balears (ECIB) y la patronal mayoritaria de centros 0-3 años, la Federación de Escuelas Infantiles de la Pequeña y Mediana Empresa de Baleares (Feipimeb), han mostrado su rechazo a dicha normativa que «tiene el voto contrario de toda la oposición», según ha indicado ECIB en un comunicado.
Desde la organización católica han criticado que Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) sometiera a votación un texto «enmendado a última hora» a instancias de «entidades contrarias a la existencia de la red asistencial 0-3 años» y que «incorpora disposiciones que las patronales del sector consideran que hacen económicamente inviable el sector».
La asociación religiosa ha criticado que por el contrario quedan al margen de tal regulación «los centros abiertos con posterioridad a enero de 2021», un hecho que a su juicio «fomenta la competencia desleal y la clandestinidad, al poner en peligro la calidad y la seguridad del servicio de atención a la infancia».
«A pesar de que el acuerdo de las patronales con el IMAS parecía factible, finalmente, se introdujeron modificaciones no pactadas que hacen inaceptable el Reglamento aprobado únicamente con los votos del equipo de gobierno», ha señalado ECIB. Por ese motivo, ECIB ha exhortado al Consell a «rectificar antes de su aprobación definitiva». Si no fuera así, la presidenta de ECIB, Llúcia Salleras, ya anunció en su intervención ante el pleno del CIM que Escuela Católica impugnaría el reglamento ante los tribunales para «salvaguardar el sector, sus lugares de trabajo -mayoritariamente femeninos- y, sobre todo, el interés de los menores».