El Gobierno estatal y el Govern de las Islas han aprobado esta semana –con un día de diferencia– un paquete de medidas para dar respuesta a la crisis económica que, sin resolverse todavía la generada como consecuencia de la pandemia, ha traído la invasión de Ucrania por Putin.
Los dos gobiernos actúan sobre los mismos ámbitos; de hecho las propuestas aprobadas por el Govern el miércoles (y anticipadas el día antes por la presidenta Francina Armengol en el Parlament) no hacen sino complementar las de carácter estatal. Las medidas del Govern están recogidas en un decreto ley de 19 artículos y varias disposiciones que, pese a entrar en vigor el día de su publicación (el jueves), tendrá que pasar en un mes para su convalidación por el Parlament. A diferencia de las medidas recogidas en el decreto estatal, el Govern tiene asegurada su revalidación sin buscar apoyos de otros partidos. Así y todo, aunque el PP no ha definido todavía si avalará las propuestas del ‘plan Armengol' (en realidad son de seis conselleries), es muy probable que lo haga o que, cuando menos, se incline por la abstención. Todo dependerá de cuál sea la decisión estatal y si el nuevo presidente del partido, Alberto Nuñez Feijóo, quiere marcar diferencias con el pasado. En su réplica del martes al discurso de Armengol, el portavoz parlamentario de los ‘populares, Antoni Costa, insistió en que el verdadero plan de ayuda sería la rebaja generalizada de impuestos.
Pacto de Reactivación
¿Qué es lo que ha aprobado el Govern, cómo se relaciona con las medidas del Gobierno estatal y a quién afecta concretamente? El Ejecutivo de las Islas moviliza 100 millones de euros (70 en ayudas directas y el resto mediante créditos) que se suman a los 16.000 anunciados por Pedro Sánchez (de los que 10.000 también son mediante la fórmula de créditos ICO) y que pretenden paliar la subida del carburante (lo más vistoso y con carácter generales es la rebaja de 20 céntimos en la gasolina) y reducir el precio de la electricidad. Todo ello se tiene que completar con las propuestas que los Gobiernos de España y Portugal tienen que presentar a la Comisión Europea para que, en un periodo transitorio, no sea el precio del gas el que determine la factura de la electricidad.
El decreto balear incluye también desgravaciones fiscales y más ayudas sociales: eleva a un 10 % el límite de renta para acogerse a desgravaciones por gastos escolares, alquileres, etcétera, y bonifica la compra de vehículos eléctricos.
Los acuerdos de ambos gobiernos llegan después de días de movilizaciones. En el caso balear, Armengol reunió al Pacto de Reactivación e incluyó propuestas de otros grupos, algo que le agradeció Patricia Guasp (Cs).
El modo de articular la respuesta a la crisis centró la reunión en la isla de La Palma de la Conferencia de las presidencias autonómicas del 13 de marzo. Allí Sánchez informó de lo que esperaba conseguir en Europa.
Fue en esa reunión donde se definió el grueso del plan. Se aprovecharon medidas que ya se habían puesto en marcha con la pandemia, se prorrogaron otras y se abrió la puerta a reformas legales.
Tanto el Govern de Balears como el estatal aprovechan esta crisis para presentar iniciativas que se tenían que haber aprobado igual. En el caso de las Islas, la ampliación de vehículos y líneas del transporte público.