Las pequeñas y medianas empresas de las Islas identifican la inflación y la morosidad como las principales amenazas para su supervivencia a día de hoy. La patronal PIMEM señala que se trata de dos problemas prioritarios que se están intensificando cada día que pasa como consecuencia directa de la crisis económica desatada con la guerra en Ucrania y de las secuelas de la pandemia. La consecuencia directa, alertan, puede ser el inevitable cierre de muchos negocios en los próximos meses.
De hecho, aseveran que en la situación actual ya se puede hablar abiertamente de «hiperinflación» y que esta coyuntura puede arrastrar a pymes y autónomos a situaciones de emergencia que superen incluso las generadas por la COVID en estos dos últimos años: la escalada de precios está repercutiendo en los hábitos de consumo con una reducción drástica y creciente del gasto y efectos directos sobre la producción. Empresas y autónomos, mientras, «no tienen capacidad para repercutir estas subidas en sus cuentas».
Esta situación «frena en seco» la reactivación iniciada en los últimos meses con el control de la pandemia y la recuperación de unas previsiones turísticas dentro de la normalidad. En ese sentido, PIMEM reconoce su preocupación por las soluciones apuntadas, como la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo; se trata de una medida que, a juicio de la patronal, puede tener unos efectos positivos para los consumidores pero negativos para las empresas, dado el nivel de endeudamiento que muchas de ellas mantienen. «Cualquier subida del tipo de interés no hace más que subir los gastos relacionados con la gestión del crédito». Por otra parte, los impagos se están convirtiendo en la gota que colma el vaso. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), afiliada a la patronal, urge a activar un «pacto de pagos» en la legislación que permita a pymes y autónomos cobrar sus facturas en los plazos correspondientes.
La escalada de precios está llevando a que los plazos para el pago de las facturas se estén prolongando cada vez más y los pequeños proveedores están siendo los más afectados. Está situación está encontrando un caldo de cultivo inmejorable en la actual normativa estatal, la cual, se quejan, mantiene uno de los plazos de pago más largos de la Unión Europea. El presidente de la PMcM, Antonio Cañete, denuncia que pymes y autónomos «están siendo víctimas de un claro abuso: muchas empresas de mayor dimensión que, desde su posición de dominio, transfieren costes financieros a las más pequeñas, con una capacidad de financiación menor».
Por su parte, Jordi Mora, presidente de PIMEM, asevera que «en la actualidad centenares de pymes aportan una parte importante de sus escasos recursos a financiar el circulante de unas pocas grandes compañías». Es más, inflación y morosidad se acaban mezclando en el caldero de la crisis cuando la primera está provocando una pérdida de valor que llevará a «un efecto multiplicador negativo sobre los ingresos de las empresas que no consigan cobrar sus facturas en plazo», sentencian.