El Govern se ha comprometido a intentar paliar el sobreincremento de precios de los materiales que sufre el sector de la construcción. La solución, según demanda la principal patronal en las Islas, la Asociación de Constructores de Balears -integrada en CAEB-, pasa por aplicar una batería de medidas en las que se incluya, entre otras cosas, un sistema propio de revisión de precios de las obras de todos los contratos públicos.
Desde la Asociación, su directora general, Sandra Verger explica que el Govern «ha entendido nuestra problemática y se ha puesto a nuestra disposición. De hecho, advierte de que si no se incorpora un sistema de revisión de precios «se va a incrementar el número de obras que quedarán desiertas, con el perjuicio que ello supone para la comunidad». De hecho, «algunas empresas ya se están planteando abandonar los contratos porque no pueden hacer frente a los sobrecostes». Los constructores están lidiando con un doble frente de crisis desatado solo en parte por la guerra en Ucrania. Por un lado el encarecimiento de los materiales, que ya viene arrastrándose desde los últimos meses debido a la crisis de suministros; por el otro, la situación geopolítica actual ha desembocado en un nueva escalada de precios y en la dificultad logística para la llegada de los propios materiales como consecuencia de los parones de los transportistas.
De hecho, algunas empresas de materiales de construcción como Grupo Puma o Paviments Lloseta, afiliadas a PIMEM, ya han anunciado su cierre temporal por la imposibilidad de compatibilizar su operatividad con la falta de material. Desde la asociación que preside Fanny Alba se insiste en que el incremento desorbitado de los precios y la huelga del transporte provoca un serio riesgo de paralización generalizado de obras.
En ese sentido, Verger subrayaba que las medidas compensatorias que ya venían reclamando antes de que estallara la guerra están muy ligadas a los sobrecostes inducidos por la insularidad. Asimismo, la asociación ha solicitado que la comunidad balear adapte -y si es posible mejore- el decreto-ley estatal de revisión de los precios del pasado 2 de marzo. Las empresas baleares consideran que el texto no contempla la realidad del sector en las Islas, ya que excluye muchos materiales que las constructoras se ven obligadas a traer desde la península. Además, el decreto-ley basa gran parte de sus consideraciones en las grandes infraestructuras, una tipología de obra que no es la habitual en Balears.
Alba y Verger, al igual que el vicepresidente de la asociación, Climent Olives, han sido recibidos este lunes en el Consulat de Mar por la presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Mobilitat i Habitatge, Josep Marí. La presidenta sigue así la ronda de contactos iniciada la semana pasada con los sectores afectados por la crisis.