El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha anunciado este martes, en el pleno del Parlament, que el ejecutivo autonómico destinará 30 millones de euros para paliar la pobreza energética. Según ha informado el vicepresidente Yllanes, en respuesta a la diputada 'popular' Nuria Riera, el Govern destinará 30 millones de euros a actuaciones dirigidas a paliar la pobreza energética y la situación de los consumidores vulnerables. Un total de 30 millones de euros que, ha apuntado, proviene de los 233 millones de los fondos, anunciados este lunes, para la transición energética en Baleares. «Esta partida incluye actuaciones que combinan la mejora de la eficiencia energética e instalación de renovables en colaboración con las entidades locales y los servicios sociales. Además de líneas para acompañar a las administraciones locales y grandes consumidores en sus obligaciones», ha destacado. Yllanes también ha pedido, en su intervención, al Gobierno de España, que «actúe y cree una empresa pública de electricidad en el ámbito estatal para hacer frente al oligopolio energético». Y, ha reprochado al PP que votara en contra, en el Congreso, de esta medida de creación de empresa pública de energía y de control de precios.
Respecto a esta cuestión, el vicepresidente también ha recordado que en el archipiélago ya se cuenta con esa empresa pública y que ya existe el primer centro público que se autoabastece energéticamente y destina parte del excedente al suministro de algunos vecinos de Santa Eugènia, que ya han contratado los servicios de la empresa pública. «En total», ha detallado, «38 familias --cuatro de ellas en riesgo de pobreza energética-- ya se iluminan, calientan y refrigeran gracias a estos paneles públicos del IBE». Tras escuchar las palabras del vicepresidente Yllanes, la diputada Maria Nuria Riera, ha lamentado que actualmente «se está sufriendo la mayor subida de precios de los últimos 33 años» y, ha añadido, «no es algo coyuntural» porque, ha precisado, «se lleva sufriendo desde hace más de un año». Para la 'popular' Riera, «las políticas de Unidas Podemos son parte de lo que ha causado esta pobreza energética; así como de que las familias tengan que elegir entre comprar para alimentarse o pagar la luz».
También, ha añadido, «de que la UIB haya tenido que cortar la calefacción y prohibir las estufas». «A medida que suben los precios, suben los impuestos y la gente se hace cada vez más pobre y, mientras, ustedes son más ricos», ha censurado, insistiendo en que «son la políticas intervencionistas las que han sumido a millones de españoles en la pobreza». «Unas malas políticas que hicieron que, ya en 2020, Baleares fuera la comunidad con más pobreza energética, según Cáritas, y que, en 2021, hubiera 266.000 personas en riesgo de exclusión en la comunidad, según EAPN». «Bajen los impuestos y reduzcan el IVA de la luz al 4% porque ya está bien de hacerse fotos con los socialistas mientras no dan ni una patadita por la aprobación del Régimen Especial de Baleares», ha sentenciado.
Mantenimiento de puntos de recarga
Por otra parte, Yllanes ha anunciado que el Instituto Balear de la Energía (IBE) licitará la contratación de parte del mantenimiento de puntos de recarga, después de haber constatado «falta de interés» por parte de los ayuntamientos. Lo ha hecho tras la pregunta de la diputada de El PI Maria Antònia Sureda, qué ha preguntado cómo se iban a articular estos convenios. El conseller ha expresado el «interés y preocupación» para que los puntos de recarga funcionen de manera adecuada por lo que se está contactando con todos los Ayuntamientos para informar de la intención de sacar a licitación una contratación con precio unitario por punto de recarga, por la cual, el mantenimiento físico seria a cargo del Ayuntamiento y la atención telefónica y el apoyo remoto serían a cargo del IBE. Yllanes ha señalado que de los 68 ayuntamientos que cuentan con puntos de recarga, 65 tienen firmado un convenio con Melib en el cual consta que el mantenimiento corresponde en el Ayuntamiento. Sin embargo, ha añadido, hace años que se lleva insistiendo a los Ayuntamientos para que cumplan con su obligación de mantener los puntos de recarga