El Parlament ha aprobado parcialmente este miércoles la moción presentada por MÉS per Menorca, relativa a la política general del Govern en materia de vivienda, por la que el Ejecutivo balear se compromete a estudiar la limitación de compra de inmuebles por parte de extranjeros. Concretamente, en este punto piden al Govern que constituya un grupo de trabajo para analizar las normas que impiden limitar la compra de propiedades inmuebles por parte de extranjeros, que proponga alternativas para modificarlas, que estudie los casos y experiencias que existen en ámbito europeo e internacional en esta materia, y que extraiga las conclusiones aplicables a la problemática de las Islas. Este grupo de trabajo deberá entregar el informe en el plazo de un año.
Por otro lado, se ha instado al Ejecutivo balear a crear, en el plazo de seis meses, un índice de referencia de precios de vivienda que permita tener información sobre los precios del alquiler, y a licitar, durante 2022, la construcción de las promociones de viviendas de protección oficial previstas en Sant Lluís y Santa Ana. Además, se ha pedido al Ejecutivo balear que aumente los esfuerzos en la construcción de viviendas de protección oficial en Menorca para dar respuesta a la demanda existente, y se le ha instado a determinar, en un plazo de seis meses, las situaciones de mantenimiento de los suministros básicos.
El Parlament ha solicitado también al Govern que ponga en marcha, en un plazo de tres meses, el Registro de viviendas desocupadas y que refuerce la inspección para determinar si las viviendas efectivamente desocupadas constan en dicho registro, así como que siga insistiendo en la política de cesión de viviendas desocupadas de grandes tenedores. Además, la institución parlamentaria le ha instado también a restablecer de forma inmediata la atención presencial del Ibavi en Ciutadella, al menos un día a la semana, mientras no se dote a la oficina de Menorca de una persona más. Con todo, el Parlament ha rechazado el punto en el que se constata la necesidad de establecer un régimen de regulación y limitación de los precios de alquiler de viviendas de Baleares a través de una ley propia.
Reducir a 5 el número de viviendas para ser gran tenedor
En su turno de intervención, el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez ha propuesto que se reduzca de diez a cinco el número de viviendas para ser considerado gran tenedor según la ley de Vivienda autonómica. «Defendemos un modelo de vivienda que se basa en la iniciativa pública, la promoción de la vivienda pública de alquiler social, la regulación de los precios de alquiler y la declaración de zonas tensionadas, y aquí en Baleares necesitamos estar a la altura y poner a disposición de la ciudadanía los pisos que están vacíos», ha añadido. En este sentido, ha resuelto que «cabría modificar la ley de vivienda balear para cambiar de diez a cinco las viviendas para ser gran tenedor y, además, exigir a la Sareb la movilización de su parque de vivienda para destinarla a alquiler social».