El conseller de Model Econòmic, Iago Negueruela, admitió este lunes que ha habido «tiranteces» en la negociación del decreto de la ley turística, que convalida mañana el Parlament. «Ha habido tiranteces a la hora de buscar un acuerdo, pero la norma está consensuada en tres cuartas partes», dijo el conseller. «Es una norma pactada letra a letra y coma a coma», insistió. El conseller aseguró que no entiende la postura de la oposición, contraria radicalmente a la norma, y fue especialmente crítico con el PP, de quien dijo que dice ‘no' a todo, cuando precisamente este partido no negoció ninguna ley turística previa.
Señaló que la ley mejora la industria turística con la introducción de la perspectiva laboral, de circularidad, de modernización y con el bloqueo de las plazas. Preguntó a la oposición por qué se opone a estas cuestiones y lamentó que vaya en contra de los acuerdos alcanzado con sindicatos y empresarios. «Hacer una oposición tan dura, no es buena idea», dijo. La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Núria Riera, mostró su preocupación por las formas del conseller en la negociación del decreto ley, al que bautizó como «decretazo». El PP, que votará en contra, se preguntó qué pasa «en los despachos del conseller», tras los cambios de opinión de los empresarios hoteleros. Consideró «inaceptable» que el Govern firme comunicados donde dice que no aceptará cambios en la tramitación parlamentaria.
La portavoz de Cs, Patricia Guasp, ha pedido la retirada del decreto «ante el atropello que supone por las formas y el contenido». Guasp aseguró que esta medida sería positiva para alcanzar un consenso con el sector. Adelantó que Cs votará este miércoles ‘no' al decreto porque opta «por la imposición, las prohibiciones y la suspensión como forma de regular». «La transformación del modelo turístico y económico debe hacerse vía los fondos europeos Next Generation y, sobre todo, con el compromiso de toda la sociedad balear y por supuesto con todo el sector turístico», dijo. El PI también votará en contra de la convalidación del decreto porque deja en el aire la legalidad de 90.000 plazas de alquiler vacacional y no regula el cambio de usos de los hoteles, una de las peticiones del partido.