El parque inmobiliario de Baleares está entre los más envejecidos de España, lo cual hace que sus casas sean las menos eficientes energéticamente y por tanto las más contaminantes. Solo Canarias presenta peores cifras. Según los datos más recientes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), de las 125.650 edificaciones baleares incluidas en el registro, un total de 54.385 –el 43,3 %– cuenta con las dos calificaciones energéticas más bajas, la F y la G (que equivalen a un suspenso en eficiencia energética).
Canarias es la única comunidad que cuenta con un porcentaje mayor que el balear: un 63,8 %. La media estatal de edificios con las dos peores calificaciones está muy alejada de esos porcentajes: no alcanza el 27 %. Los porcentajes baleares en el caso de las edificaciones de nueva construcción son significativamente más positivos: menos del 2 % tiene las calificaciones más bajas, situándose, esta vez sí, cerca de la media estatal.
Por otro lado, la falta en las Islas de adecuaciones relacionadas con la eficiencia energética no solo están relacionadas con un parque inmobiliario alzado en su mayoría en los años 70 y 80. El hecho de ser una comunidad con unas condiciones climáticas benignas han restado urgencia a las mejoras energéticas. Por lo pronto, la renovación energética de las viviendas existentes es un imposible hasta que no se apruebe la normativa autonómica. El Congreso aprobó en octubre el real decreto ley para la rehabilitación de viviendas, profundizando en el aspecto de la eficiencia energética. Ahora el Govern debe aprobar un texto ajustado a las necesidades baleares para dar salida a los cerca de 30 millones de fondos europeos destinados a las rehabilitaciones. La Mesa de Diálogo entre la Conselleria de Movilidad y Vivienda y los tres portavoces del sector inmobiliario –colegios de administradores de fincas, de arquitectos y de aparejadores– lleva mesas trabajando para impulsar una ley que facilite la tramitación de visados de obra.
El presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca, Luis Alfonso de León, explica que cada normativa deberá adaptarse a las singularidades de su territorio. Una de las diferencias está relacionada con las obras ilegales, con las que la ley estatal es particularmente inclemente: un edificio se queda fuera de cualquier posibilidad de rehabilitación si uno solo de sus inmuebles ha realizado obras ilegales. La petición del sector en Baleares es que ese veto afecte únicamente al inmueble del infractor y se amnistíe al resto del edificio. «Hay que conjugar muchas cosas», insiste De León. Por ejemplo, aumentar el grosor de una fachada para mejorar el aislamiento térmico puede interferir con las ordenanzas urbanísticas por superar el máximo estipulado de invasión de la vía pública. El Govern debe desenmarañar incompatibilidades como esa para poder alumbrar su propia normativa. Y ha de hacerlo rápido.