Como si fuera un ‘New Deal', la presidenta del Govern, Francina Armengol, presentó ayer con todos los honores el contenido, muy por encima, de lo que pretende ser la nueva ley turística. Queda ver cómo se tramita en el Parlament, aunque ya se vislumbra un alud de enmiendas para corregir o visualizar aspectos que van más allá de los criterios de sostenibilidad y circularidad en el ámbito del alojamiento turístico. A todas luces la nueva ley es una norma hotelera de arriba a abajo, lo cual ya ha generado resquemores y críticas.
Parece ser que una cosa es la fase de diálogo con los sectores implicados y otra, muy diferente, el cariz político que se le quería imprimir a una norma que es marcadamente preelectolista y en la que el PSIB-PSOE ha tenido que lidiar con sus socios en el Pacte. Hay congelación de plazas, lo cual tiene un doble sentido: se paraliza el crecimiento y se revaloriza, con ello, la planta que opera en las Islas. ¿Esto es competencia?
Curiosamente, el 30 % de la misma planta sigue sin modernizarse sin que los gobiernos de turno hayan actuado en consecuencia. Al mismo tiempo, resulta sospechoso que CAEB y PIMEM mantengan silencio. El contenido de la ley le llegó a alguna patronal a las 06.00 horas de ayer. Sigilo y rigurosidad, quizás para evitar el «efecto llamada» que tuvieron los decretos Cladera I y II en los 90.