La venta ambulante que conocemos solo es la punta del iceberg. «El manterismo no es un tema comercial, sino de exclusión social. Estas personas vienen en pateras, pasan por Centros de Internamiento de Extranjeros y son víctima de estas mafias cuya estación terminus es la venta ilegal», defiende el director general de Comerç, Miguel Piñol. El sector comercial de Mallorca dirige su discurso, casi unánime, a la regulación de esta práctica. Sin embargo, la circulación de falsificaciones comenzaría a prosperar hace unos ocho años con la liberalización del mercado en internet.
El abogado Antonio Crespo, experto en marcas, relaciona a los países asiáticos como los mayores productores de estas falsificaciones. «Son países laxos en cuanto a la producción fraudulenta. Sin embargo, las actuaciones policiales han reducido mucho la entrada de estos artículos en el país». Los delitos contra la propiedad industrial se castigan con penas mínimas, por lo que «las organizaciones consideran que este mercado es un buen caldo de cultivo para poder hacer actuaciones fuera de la ley». Crespo añade que «la lucha contra el mantero es el último escalón, hay que focalizar las actuaciones en los que están detrás de ellos».
La venta ambulante acoge dos tipos de perfiles: el que vende falsificaciones de grandes marcas y el que vende productos adquiridos en los llamados multiprecios. El punto de distribución se encuentra en los polígonos industriales. En Mallorca hay al menos cinco grandes naves chinas que distribuyen mercancía al por mayor a empresarios de souvenirs de Balears. Pero los manteros autónomos también son sus clientes. El presidente de la Asociación de Chinos en Balears (Achinib), Fang Ji, es consciente de este hecho y asegura que «se está produciendo un cambio de imagen en los negocios chinos. No quieren asumir riesgo y cada vez están más legalizados sus productos».
La mayoría de los manteros adquieren, principalmente, guantes, gafas, paraguas o pulseras para luego revenderlos. Sin embargo, el director general de Comerç advierte que «no debe ser esto una cuestión de comercios chinos, no podemos trasladar a ellos el papel de policías, sino que es la Administración quien tiene que trabajar un problema social».
El presidente de Pimeco, Toni Fuster, reconoce que las patronales llevan presionando a las instituciones y a la policía para que vigilen más esta práctica, que cada año suma miles de actas por la venta ilegal sin autorización. Por su parte, el vicepresidente de PIMEM-Comercio, Miquel Àngel Salvà, destaca la importancia de «llegar a las mafias y no tanto a los que están en la calle» y apela al «camino de la regularización» de este colectivo considerado vulnerable.
El inmigrante asume la responsabilidad de su práctica ilegal, pero son las primera víctimas de la explotación laboral, como menciona el abogado Crespo. Y entidades como la Unión Nacional de Empresas del Comercio Ambulante (UNECA) reivindican que la venta ambulante deje de ser vista como un espacio de marginación y precariedad, como lo sigue siendo hoy en día.