El Govern balear ha planteado al Ministerio de Hacienda que la población flotante, conformada por turistas, trabajadores de temporada y residentes no empadronados, se tenga en cuenta para calcular la asignación de fondos del nuevo modelo de financiación autonómica. El ejecutivo regional ha remitido este lunes a Hacienda sus alegaciones a la propuesta de cálculo de la población ajustada que trasladó a las Comunidades Autónomas, en las que también defiende que contabilicen la presión sobre los servicios públicos del crecimiento demográfico y el mayor precio de factores como el suelo y la vivienda.
La consellera balear de Hacienda, Rosario Sánchez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que la propuesta enviada al ministerio es producto del diálogo con los grupos políticos y agentes sociales y económicos. Sánchez ha puntualizado que el planteamiento del Gobierno central se refiere solo a la población y que «es difícil opinar de sin conocer la propuesta conjunta». Ha recordado que la población del archipiélago ha crecido en veinte años el doble que la media española y que, además, existe un importante porcentaje de residentes no empadronados, visitantes y trabajadores desplazados cuya variación tiene un fuerte componente de estacionalidad.
La consellera ha llamado la atención sobre el hecho de que el documento del Gobierno contemple como un factor de cálculo la despoblación pero no el incremento demográfico acelerado, que tiene importantes «costes de congestión» que comprometen la planificación de los servicios y las infraestructuras públicos y el equilibrio medioambiental. Otra alegación destaca por la titular balear de Hacienda es la demanda de actualización del factor de insularidad contemplada en el sistema de financiación, para que «sea dinámica», tengan en cuenta la «pluriinsularidad» y esté relacionada con la variable poblacional.
En su documento, el Govern balear alude también a aspectos más generales del sistema de financiación aún pendientes de concreción para el futuro modelo. Sánchez ha indicado que es necesario avanzar hacia un sistema más relacionado con la capacidad tributaria de las comunidades y en el que se mantenga el «principio de ordinalidad» para que las regiones que más aportan no queden relegadas respecto a otras con menos contribuición a la caja común. El Govern quiere asumir mayor responsabilidad fiscal, reclama que las comunidades en conjunto reciban una mayor cantidad de los fondos del Estado y demanda una condonación de la deuda pública generada debido a la infrafinanciación.