Unidas Podemos ha reclamado este viernes la devolución de los bienes inmatriculados desde el franquismo por parte de la Iglesia Católica, desde 1946, al considerar insuficiente el acuerdo hecho público esta semana. La portavoz del partido en el Consell de Mallorca, Magdalena Gelabert, ha explicado que considera que el acuerdo que legaliza todos los bienes registrados por la iglesia desde 1946 es «limitado e insuficiente, ya que implica que casi el 80 % del patrimonio histórico del Estado se quedaría en manos de la Iglesia», ha informado Podemos en una nota.
«Nos parece irrisorio que en el acuerdo de esta semana se explicite que se van a devolver apenas 1.000 propiedades cuando hay más de 34.000 que se van a regularizar sin demostrarse su propiedad», ha precisado. Gelabert ha tildado de «vergonzoso» y «lamentable» que el Obispado de Mallorca diga desconocer qué bienes se inmatricularon de forma indebida en la isla y ha asegurado que, en Baleares, «hay más de 200 bienes inmuebles apropiados de manera indebida desde 1998, año en que Aznar hizo la reforma hipotecaria que beneficiaba a la Iglesia, y más de la mitad de estas propiedades están en Mallorca». «Queremos que se devuelvan todas las inmatriculaciones que la Iglesia ha perpetrado desde el franquismo, evidentemente después de la investigación pertinente», ha insistido y ha apostado por «articular fórmulas normativas que permitan declarar la nulidad de todas las inmatriculaciones realizadas sin título suficiente y en particular el patrimonio histórico de raíz religiosa».
«Nos parece inaceptable que desde 1998 hasta 2015 hayamos tenido una ley que daba un poder a la iglesia basada en la regulación franquista», ha agregado y ha insistido en que Podemos seguirá reclamando a la iglesia «que devuelva las propiedades que expropió» y se ponga fin «a uno de los mayores escándalos inmobiliarios de la historia de nuestro país». Por otro lado, Gelabert celebra que Unidas Podemos haya registrado una comisión de investigación en el Congreso sobre las agresiones sexuales en la infancia y la adolescencia por parte de miembros de la Iglesia, que considera «un paso más hacia la reparación de las víctimas y la no repetición». La portavoz cree que «es el momento de que la Iglesia Católica depure responsabilidades y se acabe con el secretismo. No solo se interpela a las víctimas, sino que esta situación interpela a toda la sociedad».