Los sindicatos de Baleares muestran matices y una cierta discrepancia con respecto a la denuncia de un grupo de celadores contra el IB-Salut por sacar de sus bolsines a 2.500 personas por no acreditar sus conocimientos de catalán. Ultima Hora se ha puesto en contacto con algunos de los principales sindicatos en materia sanitaria y de función pública de la comunidad, así como con trabajadores del sector para captar sus sensaciones acerca de una controversia que viene de lejos.
Para empezar son necesarios algunos precedentes. La ley autonómica de 2016 imponía una moratoria de dos años para que el personal sanitario acreditara los conocimientos pertinentes de catalán que se necesitan para desempeñar cualquier trabajo de ámbito público en el archipiélago. Pero con la ley no bastaba, para articularse debía aprobarse un decreto que por si fuera poco hacía más asequibles los criterios para obtener la calificación. Todo cambió cuando el CSIF impugnó ese decreto en los tribunales, algo a lo que se sumó después el STEI-i. «La Justicia les dio la razón y la Administración está obligada a cumplir la sentencia», dice uno de los profesionales consultados, sin perjuicio de los posibles recursos pertinentes.
«El problema reside en que el procedimiento legal no está reglado. Está claro que hay que buscar una fórmula para solucionar la situación». En cualquier caso el sector permanece a expensas de la decisión de los tribunales: «todo el mundo tiene derecho a denunciar lo que cree denunciable». En su momento en la Mesa Sectorial llegó a proponerse que todo celador con el apto en el examen pueda ser incorporado al bolsín ya que «hasta que se publican los resultados pueden tardar meses». Aparentemente el Govern vio con buenos ojos esta opción, aunque todavía no se ha dado ningún movimiento para ponerlo en marcha.
Por otro lado, fuentes sindicales aseguran que en educación cuentan con una bolsa de personal que no tiene el catalán del que se obtienen nombres de trabajadores en caso de necesidad y «nunca ha pasado nada». En alguna ocasión representantes de los sanitarios baleares han considerado que en su sector se podría optar por la misma solución, sin que hasta el momento se haya producido ningún cambio en esta línea.
Asimismo algunas fuentes sindicales del sector sanitario balear afirman que en el caso concreto de los celadores «su formación debe revisarse. Los trabajadores sanitarios se forman continuamente y lo seguirán haciendo, no les queda otra. En un centro sanitario se hacen muchas cosas», enfatiza una de las personas conocedoras de la situación, haciendo hincapié en el delicado momento por el cual transita la sanidad balear por efecto de la pandemia de coronavirus y las sucesivas olas que contra ella han impactado, minando sus recursos y las fuerzas y la salud del personal laboral.
«Los celadores no son como los enfermeros, básicamente, porque en Baleares existe mucha mayor necesidad de cubrir los puestos de trabajo de los segundos. Normalmente aquí viene mucha gente de la península, en muchos casos de Andalucía, que echan solicitud en un montón de destinos». Puede afirmarse en este sentido que la de los celadores es «una bolsa que crece y que no es deficitaria».
A diferencia de especialidades como enfermería, que «siempre hace falta contratar a personal ya que nuestra comunidad autónoma saca 125 enfermeras por año y una sola provincia como Granada gradúa a unas 300 con mucha menos población. No damos abasto para reponer las necesidades». «Otras categorías como auxiliar administrativo también se han excluido y no se ha montado ningún espectáculo porque también hay más candidatos que trabajo, por así decirlo», algo que se puede comprobar yendo a repasar las convocatorias y las cifras de admitidos aportados por la web del IB-Salut.
Cómo se ha fraguado la denuncia. Según informan fuentes sanitarias la inmensa mayoría de los denunciantes tienen su centro de trabajo en el Hospital Son Llàtzer. «En Son Espases no conocemos a nadie que haya apoyado la denuncia y en centros como Inca hay muy pocos celadores» dice un responsable sindical.
Por su parte, otro representante de los trabajadores de la Sanidad balear asegura que le consta que esta actuación no parte de ningún sindicato en particular. Y en qué va a acabar la denuncia. Para algunos existen dudas. «Si no hay un defecto en la convocatoria dudo mucho que el juez les dé la razón [a los celadores denunciantes], porque si es así causaría precedente siendo de aplicación en cualquier administración pública», comenta una de las fuentes consultadas dando pistas de la posible estrategia de defensa del organismo público balear.