La historia de Anja Sobotta es calcada a la de tantos mallorquines que en las últimas semanas se han contagiado de la COVID-19, en cualquiera de sus variantes. Esta ciudadana alemana, que reside en Mallorca desde hace ya más de 30 años, se empezó a encontrar mal después de Año Nuevo, acudió a su centro de salud en en el Arenal y allí le hicieron un test de antígenos que reveló sus sospechas: positivo en coronavirus.
No quedaba otra. Confinada desde el 3 de enero y con fecha de alta el día 11. Así se pasó ocho días encerrada en casa, con fiebre y malestar general, pero pensando que mejor haber enfermado ahora que más tarde, con un viaje programado a Austria desde hacía tiempo. Lo que no sabía es que su caso sería otro más que iba a engrosar una larga lista de personas atrapadas en el limbo del certificado COVID, en el temido laberinto de la burocracia. «Me siento muy frustrada. Nunca pensé que después de recuperarme, iba a tener problemas para poder viajar, pero así está siendo», señala enfadada Anja Sobotta.
Impotencia
No es para menos. Cuando quiso actualizar el pasaporte COVID digital de la UE, descubrió que no podía. Acudió a su centro de salud asignado, Trencadors, en el Arenal de Llucmajor, y le dijeron algo que no esperaba: no podían ayudarla porque el criterio de la Unión Europea es que no sirve presentar un test de antígenos para lograr el certificado COVID, sino una PCR que corrobore que está limpio de esta enfermedad y que le permita disponer del certificado digital. «¿Si los test no sirven, para qué los hacen?», se pregunta Sobotta, al tiempo que apuntilla que «fueron los sanitarios los que me hicieron el antígenos, yo no pedí una prueba diagnóstica específica. Si lo llego a saber, les exijo una PCR. Ahora, si quiero volar, como tengo programado el 7 de febrero, tendré que pagármela de mi bolsillo», denuncia esta residente.
Pero Anja Sobotta es una mujer de armas tomar. Por eso no se dio por vencida, y llamó al teléfono InfoCOVID, así como al de vacunación. Poco o nada pudo sacar en claro de su extraña situación. También acudió al centro hospitalario de Son Espases buscando ayuda. Resultado: buenas palabras, misma explicación, idéntica respuesta.
«Es frustrante. No puedo tener el pasaporte COVID porque me hicieron una prueba que la UE no acepta. O estoy a expensas de que den estos días el test de antígenos por bueno, o me pago la PCR para obtener el certificado y poder viajar a Austria con seguridad y con todo en regla. Y ahora me ofrecen pincharme la dosis de refuerzo el día 31, antes de las cuatro semanas estipuladas entre el resultado negativo y la fecha de mi viaje. ¿No le parece un cachondeo? Antes éramos muy estrictos, y ahora qué pasa...», lamenta Anja.