Los voluntarios de Son Reus reclaman poder sacar a pasear a 25 cachorros de raza que fueron incautados en Palma en un operación policial el pasado miércoles doce de enero. La Guardia Civil intervino a una veintena de canes en malas condiciones en una empresa de venta de animales domésticos. Las pesquisas han revelado que los canes vivían hacinados y alguno había muerto aplastado. Los agentes comprobaron que las instalaciones no reunían los requisitos sanitarios y han elaborado diversas denuncias por infringir la legislación.
Los animales, que procedían de países del este de Europa y llegaban a un establecimiento situado en Mataró (Barcelona), desde donde se distribuían a Palma y Telde (Las Palmas), llevan desde entonces en la el Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal de Son Reus. Según han denunciado desde la perrera, «el concejal no deja que los voluntarios les saquen de paseo por miedo a que alguno se escape y se meta en un lío». «Todavía no se ha enterado del cambio en el código penal y de que los cachorros no son cosas, sino seres que sienten y padecen y que la ordenanza municipal dice que todos los perros tienen que salir diariamente a pasear», añaden.
Los voluntarios cargan duramente contra Cort por la gestión de estos animales. «La ordenanza dice que los perros que están a la venta en una tienda, tienen que salir a pasear. No puede ser que ahora que están a cargo del concejal de bienestar animal, estén peor y se les prohíba ese derecho fundamental de todos los perros». Por otra parte, también reclaman que estos animales puedan estar en un hogar de acogida temporal.
La investigación, bautizada como Operación Canicat, fue llevada a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Balears, que han contado con el apoyo de personal de la Inspección de Trabajo, así como inspectores del Servicio de Ganadería en Balears y de los servicios veterinarios y bienestar animal en el caso de Mataró.