Baleares recibió el pasado año 288 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno central, en concepto de inversiones, la mayoría de las cuales reciben financiación de los fondos europeos. Es solo una de las muchas cifras que presentó ayer la delegada del Gobierno, Aina Calvo, quien destacó que el Estado «consolida su compromiso con Balears, a través de proyectos estratégicos para todas las Islas y del reconocimiento de la insularidad». Se refirió, así, a los 183 millones del factor de insularidad que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado para el 2022.
Calvo valoró los datos del ‘Informe de rendición de cuentas' 2021 e hizo un balance positivo. «El Estado acompaña a las Islas en el proceso de modernización y transformación que se ha iniciado durante esta primera mitad de legislatura», aseguró. Detalló, en este sentido, que el Gobierno ya ha destinado a las Islas más de 75 millones para medidas de transición ecológica y apoyo a la innovación y la modernización.
Esta partida incluye 23,7 millones para proyectos de generación térmica y eléctrica con fuentes renovables; otros 8,7 millones para impulsar la eficiencia energética en el sector industrial y los edificios residenciales; 23,4 millones para la descarbonización de la movilidad en los entornos urbanos y metropolitanos; y 10 millones para el Plan Moves III, de movilidad eléctrica, que ya se han ejecutado casi en su totalidad. «Son proyectos que nos trascienden y que benefician a todos», concluyó Clavo.
Por otra parte, puso en valor los 845 millones que se han destinado a Balears en concepto de prestaciones para Expedientes de Regulación Temporales de Empleo (ERTE) y que han protegido a 177.000 trabajadores. También se han destinado 514 millones a las prestaciones extraordinarias para los fijos discontinuos y otros 302 millones a los autónomos. «Se ha mostrado una sensibilidad especial hacia los ciudadanos de las Islas a través de estas medidas específicas de protección», sentenció la delegada del Gobierno. Por último, subrayó los 1.200 millones para garantizar la liquidez de las administraciones.