«Un ministro o cualquier responsable público no puede realizar estas declaraciones. Si conoce a alguien que no cumple lo que debe hacer es denunciar», en caso contrario se pone en solfa a todo un sector económico muy castigado ya antes de la pandemia de coronavirus. Hablamos de los ganaderos y de las consecuencias de las últimas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, con Joan Simonet, gerente de Asaja en Baleares, quien se muestra muy disgustado con una nueva metedura de pata que según su criterio resulta inaceptable, y plasma los peligros de poner el campo, sus intereses y sus recursos productivos en manos de «gente urbanita que no se se entera de nada».
En opinión de Simonet, lo mejor que podría hacer Garzón es dejar el cargo, algo que han expresado Asaja y otros colectivos profesionales también a nivel estatal. También lo ha hecho la jefa de la oposición en Baleares, Marga Prohens, quien en las redes sociales ha mandado «todo mi apoyo al sector ganadero de Baleares. Orgullosos de vuestra tarea, siempre», en contraposición al «impresentable» Garzón, al que ha vapuleado toda la bancada nacional del PP, Vox y Cs, e incluso un líder socialista como el aragonés Javier Lambán.
El origen de la polémica se encuentra en una entrevista que Garzón concedió a The Guardian y en la cual lamentaba que las grandes granjas de producción cárnica en España exportan al exterior carne de peor calidad que otro tipo de explotaciones. Tal y como explica Simonet, en las Islas no nos podemos dar por aludidos pues «aquí todo son granjas pequeñas, al contrario de zonas como Aragón o Cataluña», entre otros territorios de tradición muy ganadera.
Sin embargo, el ministro de Consumo pasa por alto algunos puntos importantes para el representante de los productores agrícolas de Baleares. «Todo el sector ganadero, intensivo y extensivo, ha realizado un esfuerzo brutal en los últimos tiempos sujeto a las exigentes leyes de la Unión Europea en materia de bienestar y maltrato animal, gestión de nitratos, purines, etc. Todo funciona en base a las estrictas leyes europeas. Por eso se llevan a cabo exhaustivos controles, aquí por parte de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que entre otras cosas son condición indispensable para cobrar las ayudas. Si uno lo hace mal multa y cárcel, pero no se puede generalizar».
Para el gerente de Asaja en las Islas, lo peligroso de todo es que «tira abajo el trabajo de buenos ganaderos» y se plantea «cómo encaja esto la Conselleria y los productores locales». «Personajes como éste no pueden ser ministros», dice Simonet, pues «ya ha sufrido varias meteduras de pata», como cuando aconsejó públicamente reducir el consumo de carne en favor del medio ambiente.
«Las grandes intensivas deben cumplir como todos y si no se cierran. Lo que no puede hacer es establecer ganaderos de primera y de segunda». «Por mucho que después lo quiera matizar, el consumidor es responsable y elige. Las grandes intensivas tienen todo el derecho de existir, el consumidor es quien escoge según sus gustos, criterio y capacidad de compra».
Según el gerente de los productores del campo balear esta polémica puede echar atrás a los consumidores y dañar un segmento económico gracias al cual «la gente come y son modelo de negocio que se exportan». Qué gana Garzón con este tipo de pronunciamientos. Para Simonet no hay duda de que «lo sueltan porque alguien les come el tarro, es inconsciencia y también no querer conocer. Se mezclan las cosas y no se puede generalizar. El último que debe entrar en esto es un ministro», ya que alguien con esa responsabilidad «es el ministro de todo el sector y debe apoyar a todo el sector».