El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha admitido a trámite un recurso contencioso administrativo de la asociación de profesores Plis Educación para instar al Govern a garantizar un mínimo del 25 % de las clases en castellano en todos los centros de enseñanza de financiación pública de las Islas. La asociación, que ha recurrido a la justicia con el apoyo jurídico de la entidad anticatalanista Sociedad Civil Balear (SCB), quiere que la justicia obligue a la Conselleria de Educación a fijar un cuarto de clases en castellano y que se imparta al menos una materia troncal, además de las de Lengua y Literatura castellanas, en el idioma común de España.
Según explica Plis en un comunicado, interpuso el recurso después de dirigir su solicitud a la Conselleria de Educación a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que se señalaba la inactividad del gobierno de esa comunidad para regular el castellano como lengua vehicular en el 25 % de las clases. Los demandantes confían en que el tribunal balear dictamine que Educación tiene que dar instrucciones a los directores de los centros «para adaptar los proyectos lingüísticos al ordenamiento jurídico». «Ante la inacción del Gobierno central, que abandona a los alumnos baleares a su suerte, y ante la decidida infracción del ordenamiento jurídico por el Govern balear, que anima a profesores y directores a ignorar la jurisprudencia, la sociedad civil, Plis y SCB, dan un paso al frente para reclamar los derechos que déspotas se niegan a dar», indica la agrupación de profesores contraria a la inmersión en catalán.
Además de entender que está legitimada para plantear el recurso porque los docentes se ven obligados a aplicar una regulación ilegal, Plis entiende que la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña que en 2020 determinó un mínimo del 25 % de clases en castellano en aquella comunidad también es de aplicación al resto de comunidades bilingües. La asociación insta al conseller de Educación, Martí March, a parar el proceso judicial introduciendo en la Ley de Educación que tramita el Parlament las disposiciones precisas para fijar un cuarto de contenidos en castellano en la enseñanza pública y concertada. Plis incide en que su propósito es obtener una resolución judicial «de alcance general, que evite que los padres deban reclamar el 25 % individualmente centro por centro». «La inmersión obligatoria es ilegal, además de una extravagancia pedagógica», sostiene la entidad.