La inversión crediticia bancaria en las Islas ha sido de 3.880 millones desde enero el primer trimestre de 2020, principalmente por la petición de préstamos de las empresas y del sector privado para paliar los efectos de la pandemia. Los últimos datos estadísticos de coyuntura del Banco de España reflejan que a finales del primer trimestre de 2020, que es cuando se expandió el coronavirus en España, los bancos registraban en Balears un acumulado de 30.060 millones en créditos, frente a los 33.940 de finales de septiembre pasado.
Los bancos, de este modo, han servido para que el tejido productivo balear siguiera en activo en unos ejercicios marcados por la disminución drástica de los ingresos, principalmente en las empresas turísticas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. El director técnico de la Fundació Impulsa, Antoni Riera, valora positivamente la estrategia de los bancos en un contexto marcado por la crisis económica derivada del coronavirus.
«Las empresas se han visto obligadas a acudir a los préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) impulsados por el Gobierno en esta crisis pandémica. Los ICO–COVID han permitido afrontar al sector económico un período excepcional con créditos blandos», puntualiza Riera. Al mismo tiempo indica que este colchón financiero «ha salvaguardado la viabilidad de las empresas y su situación de liquidez a corto plazo para hacer frente a sus compromisos y costes fijos de explotación».
El Estado aprobó en el último Consejo de Ministros de noviembre, a petición de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME ), un nuevo código de buenas prácticas al que las entidades financieras se han adherido voluntariamente para facilitar la renegociación de la deuda avalada contraída por las empresas. El nuevo código contempla la extensión de los actuales plazos de conversión de los créditos ICO en préstamos participativos, y aplicación de quitas para reducir la deuda avalada, así como las refinanciaciones.
Con la extensión en un año, hasta 2023, de este conjunto de instrumentos se pretendió quitar presión a las empresas solventes en 2019 para salir del bache de la actual crisis económica y poder aprovechar el empuje de la mejora del consumo. Así, las empresas de las Islas que quieran pedir mayor plazo para la extensión de sus créditos ICO podrán hacerlo hasta junio de 2022. Lo mismo sucede con las refinanciaciones, que podrán solicitar su aplicación hasta junio para ejecutarlas hasta justo un año después. Estos cambios han supuesto un auténtico balón de oxigeno para las empresas de Balears que han acudido a estos créditos y han visto ampliado los plazos de carencia de su ejecución.
El apunte
Las hipotecas no crecen de la misma forma
La actividad financiera de los bancos no ha tenido el mismo comportamiento con los créditos hipotecarios, ya que han endurecido las condiciones por imperativo del Banco de España al tener que provisionar todos los préstamos concedidos. Esta situación ha tenido un impacto negativo en el sector de la construcción y las operaciones de compraventa de viviendas en todas las Islas.