El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha anulado el decreto de la Conselleria d'Educació que establece y regula la red de escuelas infantiles públicas y un punto de una resolución que aprueba el modelo de convenio de colaboración entre el Govern y las entidades privadas que imparten el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). La sentencia se refiere a un recurso contencioso administrativo presentado por Escola Catòlica, que consideró una discriminación el hecho de que Educació sólo contemplase ayudas a familias desfavorecidas de centros privados de 0-3 años que tuviesen suscrito un convenio de colaboración con la Conselleria. Estos centros son denominados ‘red complementaria a la red pública'. Los centros no integrados en la red quedaban fuera de estas ayudas, que pueden ser de comedor, becas o bonificaciones de cuotas de escolarización.
La resolución judicial coincide con la entidad Escola Catòlica en que «el principio de igualdad y no discriminación en el derecho a la educación no soporta que la ayuda a las familias más vulnerables y en riesgo de exclusión social no dependa de sus condiciones socioeconómicas, sino de un elemento ajeno a las mismas, como si el centro educativo privado ha optado por suscribir o no un determinado convenio con la Administración pública que regulará aspectos organizativos ajenos a las necesidades de las familias». Marc González, asesor jurídico de Escola Catòlica, declaró ayer que «la Conselleria vinculó las ayudas a las familias a que los centros integrasen su red complementaria, lo que hizo que muchas se apuntasen. La sentencia deja claro que las ayudas deben depender de la situación de las familias y no de si el centro está integrado o no en esa red».
González señaló que «el fallo del TSJIB responde a un recurso de Escola Catòlica, pero beneficia a todos los centros privados que están fuera de la red complementaria. Y los que ya están dentro ya saben que si se salen de la red, podrán mantener las ayudas».