La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar qué responsabilidad hay en la oferta aparecida en un canal de Telegram de un grupo de antivacunas en las Islas para conseguir por 550 euros un certificado COVID falso. Esta posibilidad aparece en un canal público del grupo Baleares Acción y ahora se investigará quién está detrás de esta oferta de certificados falsos. En el grupo de Telegram se señala que el modo para conseguir este certificado es replicar de manera digital la documentación francesa a nombre de una personas que no quiere ser vacunada. En Francia ya hay centenares de investigaciones abiertas y numerosos detenidos por casos similares al que ahora se propone en Balears.
Las autoridades de Baleares recuerdan que la creación de este pasaporte COVID falso es un delito penal en España ya que, quien lo comete, incurre en un delito de falsedad de documento público. El Código Penal español fija penas de entre seis meses y tres años de cárcel por este uso fraudulento de una documentación oficial. También pueden ser sancionados con multas de elevada cuantía. En cuanto tuvieron conocimiento de este caso, representantes de la Conselleria de Presidència se pusieron ayer en contacto con la Delegación del Gobierno en Balears, desde donde les informaron de la apertura de esta investigación oficial por parte de la Policía Nacional.
A esperar la investigación
En el Govern aseguran que serán los cuerpos policiales quienes desarrollen la investigación para averiguar qué es exactamente lo que ha pasado, quién promueve el delito y si ya hay alguien que haya podido conseguir el certificado falso. De momento, y dado que hay una investigación policial abierta, el Govern no está facultado para actuar y abrir un expediente administrativo, algo que, en cualquier caso tampoco se descarta en el futuro. La policía tratará de aclarar quién está detrás de esta venta de certificados falsos que se ha anunciado a través de una red promovida por un colectivo de antivacunas de Balears.
En su red han aparecido una serie de mensajes en los que se orienta cómo simular una vacunación con tres dosis de Pfizer con el nombre y dirección del titular y el correspondiente código QR. Este fraude permite a las personas no vacunadas tener un documento falso con el que entrar en los lugares donde ahora se exige el certificado COVID. Es muy probable que estos espacios vayan en aumento en las próximas semanas ya que es la estrategia del Govern para animar a los resistentes a que se vacunen.
Un 3 % del total
El colectivo antivacunas de Baleaers es minoritario, pero cada vez es más activo, conforme las administraciones les van haciendo la vida más complicada y les amplía los espacios donde será imprescindible presentar el pase COVID. Sus concentraciones son habituales, pero a ellas apenas acuden alrededor de unas 300 personas. Las autoridades sanitarias estiman que el colectivo de antivacunas representa un 3 % de la población total de las Islas, es decir, poco más de 3.000 personas.
Por contra, el número de personas vacunadas con la pauta completa sigue en aumento y ya supone el 81,74 % de la población diana total. Son un total de 914.755, según las cifras facilitadas ayer por el departamento de Salut. El pasado viernes, el porcentaje de personas vacunadas con la pauta completa era del 88,30 % de la población diana. Este desplome en el porcentaje de vacunación no es real y se debe a que en la población diana se han incorporado los menores de entre 5 y 11 años, a quienes se ha comenzado a vacunar hace tan solo unos días.
Punto de vista
Cárcel y multa
Josep Pons FragaLa falsificación del certificado COVID es un delito. El Código Penal prevé penas de prisión de seis meses a tres años y multas cuya cuantía fijará el juez en función de la solvencia de negacionistas, listísimos y lumbreras. Y para evitar la espuria utilización del documento de otra persona, se exige el DNI para verificar la coincidencia de datos. A quien se le ocurra la idea de emplear el certificado y DNI de un tercero ya se la advierte que incurrirá en delito de suplantación de identidad, castigado con identidad penas. La falsificación de este certificado, además de un acto insolidario, es una malísima idea.