El Govern ha decidido cortar por lo sano y los profesionales sanitarios que aún no se han vacunado tendrán la obligación de pasar tres pruebas diagnósticas a la semana de las que al menos dos serán PCR. En la práctica, se exigirá el certificado COVID para ir a trabajar y quienes no lo hagan se exponen a sanciones administrativas y expedientes disciplinarios.
El Govern ya estudiaba desde la semana pasada la posibilidad de obligar a pasar una PCR a todos los trabajadores sanitarios que aún no han recibido la dosis de la vacuna. En el caso de los trabajadores de primera línea, hace un mes se calculaba que eran unos 500; en el caso de todos los trabajadores del sistema sanitario, incluidos administrativos, no se han vacunado unos 2.000 de los 45.000 que hay en Balears, según datos facilitados por la consellera de Salut, Patricia Gómez.
La decisión llega a raíz de una petición de los gerentes de los hospitales de las Islas y la voluntad del Ejecutivo es conseguir que todos los centros sanitarios sean espacios libres de coronavirus. El Govern recuerda que una medida similar se aplica desde hace meses a todo el personal sociosanitarios de las residencias de ancianos.
Pagará el Govern
El Govern se encargará de la realización de estas pruebas diagnósticas, según explicó el portavoz del Govern, Iago Negueruela. Sucede lo mismo con los trabajadores sociosanitarios, donde las pruebas se hacen con cargo al presupuesto del Ejecutivo. De hecho, lo aprobado ayer no está todavía en vigor ya que el Govern deberá pedir permiso al Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) para que autorice la medida. Los miembros del Ejecutivo están convencidos de que lograrán el aval de la Justicia, que ya dio el visto bueno hace meses a una petición similar en las residencias de ancianos.
«Hemos observado un aumento importante de los contactos y, teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas, se refuerza la estrategia para hacer seguros los espacios donde hay más concentración de personas con el uso del pasaporte COVID», señaló el portavoz del Govern al anunciar la medida. Negueruela aprovechó para valorar la enorme responsabilidad de los sanitarios, con la mayoría vacunada.
Vacunación obligatoria
La medida de fuerza del Govern llega después de que el Ejecutivo fracasara en su intento de aprobar la vacunación obligatoria tanto para el personal sanitario como para el sociosanitario. El Consell de Govern aprobó hace meses un decreto ley que permitía a la consellera de Salut a obligar a vacunarse a este personal, pero el Gobierno central alertó de que la medida podía ser inconstitucional porque Balears no tiene competencias para aprobar restricciones de este tipo a las libertades fundamentales.