Més per Mallorca y Més per Menorca, junto con el resto partidos nacionalistas catalanes, gallegos, vascos y valencianos de la Llotja de Mar, han querido «alzar la voz» ante una Constitución «agotada y deslegitimada» que, a su juicio, mantiene los derechos de sus "naciones atados de pies y manos", en vísperas del 43 aniversario de la Carta Magna. En una declaración conjunta, estas formaciones --entre las que se encuentran Junts, ERC, CUP, Demòcrates, Crida Nacional, EH Bildu, BNG, Esquerra Valenciana, Més per Mallorca y Més per Menorca-- ratifican su compromiso de «seguir luchando» para reclamar un modelo de Estado de «reconocimiento de la plurinacionalidad y de la autodeterminación de los pueblos», que les permita «decidir democráticamente su modelo político».
«Un año más, la Constitución española será objeto de exaltación y defensa fanática por parte de aquellos que se resisten a responder a las demandas nacionales de nuestros pueblos», destaca el documento. Los firmantes recuerdan que han pasado 43 años de «un referéndum constitucional, condicionado por la transición impuesta por la estructura fáctica heredada del franquismo, con la Monarquía Borbónica al frente». A su juicio, esta Constitución «dejó encerrados los derechos» de sus pueblos «entre las líneas de su texto, negando la realidad plurinacional y los consiguientes derechos nacionales de estas naciones».
Además, apunta que la Carta Magna «ha sido fuente de enfrentamiento y sufrimiento en estas décadas». En este sentido, apuntan que «hubo un tiempo en el que las constituciones tenían un objetivo fundamental, proteger los derechos civiles y políticos de la ciudadanía». «España también ha sido la excepción en esto. El famoso 'todo atado y bien atado', lo dice absolutamente todo. Nuestros derechos como naciones están atados de pies y manos», añaden. Estas formaciones nacionalistas resaltan que en este marco «surgió un modelo autonómico de descentralización», que, en su opinión, «no solo está agotado, sin cumplir en muchos aspectos, sino que ha sufrido, además, numerosas laminaciones unilaterales por la acción legislativa del Congreso Diputados (LOAPA, acción de leyes orgánicas...), y por la permanente intervención invasora de un Tribunal Constitucional convertido en instrumento de recentralización del Estado».
También cree que se está «ante una Constitución con un evidente déficit de legitimidad». «La mayoría de la población actual de nuestras naciones y del Estado español no ha tenido la oportunidad de opinar sobre cuestiones capitales de su contenido, como son la Monarquía, el modelo territorial o los derechos sociales», explican. Por tanto, manifiestan que, «ante una Constitución agotada, deslegitimada y convertida en factor condicionante y determinante» de sus «aspiraciones democráticas», piensan que «ya es hora de afrontar cambios estructurales». «Es más, a pesar de discursos y posiciones inmovilistas, el propio Estado español es consciente del fin del ciclo constitucional y de la necesidad de reformas», dicen. A su entender, se asiste a «una clara confrontación entre dos tendencias contrapuestas».
La primera es la que «quienes pretenden cerrar este ciclo con una nueva operación de maquillaje, de apariencia abierta o progresista, pero sin tocar para nada los cimientos de esa Constitución». La segunda, según aclaran, es la de quienes plantean «una involución centralizadora y antidemocrática, a fin de cuentas, quienes pretenden volver a la época anterior al 78, e incluso a la anterior al 75».
«Esas son sus intenciones, pero nuestras naciones también tienen que alzar su voz. El debate sobre la cuestión territorial va a estar presente y debemos estar preparadas para defender conjuntamente nuestra posición», aseveran. La Declaración recuerda que, a lo largo de estos más de 40 años, «el mundo ha conocido cambios profundos y es previsible» que en la próxima década asista a transformaciones disruptivas. «Estas van a mostrar aun más la necesidad de instrumentos y capacidad de decisión para hacer frente a los retos que, como naciones y como ciudadanía, se nos presentan», añade. Por todo ello, los firmantes del documento reafirman que «esta Constitución se ha convertido en instrumento para violentar derechos democráticos básicos». «
«En nombre de esa Constitución se impide dar cauce al desarrollo de la voluntad democrática de nuestros pueblos y se criminaliza y reprime cualquier ejercicio democrático que persiga tal objetivo», subraya. En resumen, critica que la Constitución «se sitúa como impedimento estructural de un futuro en democracia para nuestras naciones, siendo indispensable su reforma radical, tanto en modelo de Estado como en derechos sociales». «Seguiremos demandando y luchando por exigir al Estado un modelo que, desde el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y del derecho de autodeterminación de los pueblos, permita a la ciudadanía de nuestros respectivos pueblos decidir democráticamente su modelo político y relación con el Estado. Somos naciones y queremos decidir democráticamente nuestro futuro», concluye.