La entidades medioambientales OceanCare, Fundación Marilles y Alnitak han propuesto al Gobierno español que limite de manera «obligatoria» a 10 nudos la velocidad máxima de los buques de mercancías y pasajeros en el Corredor de Migración de Cetáceos (CMC) del Mediterráneo para proteger a ballenas y delfines. Esta extensión de mar de 43.386 kilómetros cuadrados entre las costas de Baleares, Comunidad valenciana y Cataluña fue declarada por España en 2019 Zona de Especial Protección de Importancia Mediterráneo (ZEPIM).
En este corredor, grandes ballenas, cachalotes, delfines y tortugas cuentan con su propia área marina protegida, lo que hace más amables sus largas migraciones hacia el área de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo.OceanCare ha presentado este martes en Palma su informe «Aguas silenciosas, en el que plantean al Gobierno y a la Organización Marítima Internacional (OMI), de Naciones Unidas, que los buques, también los barcos de recreo, naveguen en esta zona a un máximo de 10 nudos, con lo que se reduciría «drásticamente» el riesgo de colisión mortal con cetáceos, el ruido marino y el dióxido de carbono, el principal gas invernadero. La medida afectaría especialmente a las travesías entre los puertos de Baleares, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia y Dénia. El codirector de Relaciones Internacionales de OceanCare, Nicolas Entrup, y su responsable de Políticas Marinas en España, Carlos Bravo, el director de la Fundación Marilles, Aniol Esteban y el investigador de Alnitak Alexander Sánchez han informado de esta propuesta ahora que el Gobierno debe redactar el plan de gestión del Corredor de Migración de Cetáceos tras su declaración como ZEPIM.
Según se recoge en el informe, un gran porcentaje de buques navegan por esta zona a velocidades muy altas. Por ejemplo, la velocidad media de los transbordadores de pasajeros se sitúa entre los 14,5 y 26,2 nudos, los buques cisterna llegan a una media de 14,2-19,2 nudos y los portacontenedores alcanzan entre los 19 y 24,6 nudos.
Reducir la velocidad de los barcos un 10 % supondría disminuir el consumo de combustible un 19 % y hasta un 50 % las colisiones letales de los buques con los cetáceos. Además, recoge el estudio, la energía sonora del transporte marítimo caería en torno al 40 % y hasta el 67 % si la velocidad del barco disminuye un 20 %.
Este informe ha sido elaborado para apoyar al Ministerio para la Transición Energética (MITECO) en el desarrollo del referido plan de gestión, que debe ser una «herramienta clave» para avanzar en la lucha contra el cambio climático y el ruido submarino.
De este modo, ha destacado Entrup, España podría ser pionera a nivel mundial en la protección de los cetáceos frente al problema del ruido submarino. «España tiene en sus manos una oportunidad única para reducir de manera cuantitativa y relevante las emisiones de ruido submarino y transformar una zona con una gran intensidad de tráfico marítimo en una zona silenciosa para la fauna marina», ha declarado.
Por su parte, Bravo ha reseñado que los barcos cada vez son más veloces y grandes, pero es «necesario proteger a los cetáceos», y ha advertido que un estudio de la Agencia Europea del Medio Ambiente y de la Agencia Europea de Seguridad Marítima desvela que de 2014 a 2019 se ha duplicado el ruido en aguas europeas. «La situación es inaceptable desde el punto de vista ambiental», de manera especial por el aumento del riesgo de colisiones con los grandes cetáceos, ha dicho Bravo, que ha defendido que la industria marítima «también debe hacer un esfuerzo» para reducir las emisiones de CO2.
Bravo ha mantenido que la reducción de la velocidad es «factible» desde el punto de vista económico para las navieras y «extremadamente beneficioso» para la fauna marina mediterránea.
«Debe ser una medida obligatoria para todo el mundo», ha sostenido Bravo, que ha argumentado que si en las carreteras existen límites de velocidad por motivos de seguridad vial y de contaminación, en el mar también deben aprobarse normas de seguridad y ambientales.
La normativa sobre el límite de velocidad corresponde al Gobierno español en las 12 millas de sus aguas territoriales; más allá, es competencia de la Organización Marítima Internacional.
Por ello, estas entidades conservacionistas plantean al Ejecutivo español que pida a la OMI la declaración de este corredor mediterráneo como Zona Marítima Especialmente Sensible (PSSA en inlgés), lo que haría posible imponer medidas medioambientales como reducir la velocidad con carácter obligatorio.