El Consell ha iniciado los trámites para traspasar a los servicios sociales municipales la declaración de riesgo de familias y menores vulnerables. La declaración de riesgo consiste en «una primera alarma que inicia el seguimiento de la situación de niños y niñas que están en un entorno familiar difícil y que pueden terminar tutelados, con medidas de protección o bien seguir con sus familias si trabajan para mejorar su bienestar», explicó el conseller insular de Drets Socials y presidente del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Javier de Juan.
Actualmente en Mallorca existen unos 500 niños y niñas en seguimiento por parte del IMAS. El traspaso de las competencias a los municipios para detectar a los menores en riesgo y seguir sus casos dependerá lo que quiera cada ayuntamiento. «Es una opción voluntaria, lo que pretendemos en el Consell es traspasar esas competencias de forma gradual para pasar de un modelo centralizado de detección de menores en riesgo a uno mucho más apegado al territorio y al conocimiento del entorno y de la realidad de las familias que tienen los servicios sociales municipales», reconoció De Juan.
Para apoyar a los ayuntamientos en esta nueva tarea tanto el Consell como el Govern harán aportaciones económicas para que se puedan contratar nuevos profesionales. Además «el IMAS dará apoyo técnico y jurídico, formará a los nuevos profesionales y se encargará de coordinar el proceso para que en toda la Isla se sigan los mismos criterios a la hora de evaluar y hacer el seguimiento de los menores», añadió el responsable insular de asuntos sociales. Desde el PI Xisca Mora exigió al IMAS que «analice las necesidades de cada municipio antes de encargarles una tarea para la que se tiene que estar preparado».
Por otra parte el Partido Popular denunció que «se han denegado peticiones de ayuntamientos y de centros educativos que reclamaban atención psicológica para menores con expedientes abiertos en el IMAS», declaró la consellera insular en la oposición, Catalina Cirer. Según reconocieron fuentes del PP, el IMAS habría denegado la atención psicológica en por lo menos tres casos. El presidente del IMAS, Javier de Juan, no negó este hecho sino que alegó desconocerlo y solicitó al PP más detalles sobre estos casos para poder encontrar una solución. De Juan defendió que «cualquier menor con medidas de protección tiene a su disposición un profesional de referencia» y aseguró que «los centros de menores con más de 8 plazas cuentan con psicólogos».
Punto de vista
Todos exigen dinero para carreteras
Todos los grupos aprobaron por unanimidad la moción del PP que exige al Estado una aportación de unos 20 millones el próximo año «en el marco del nuevo convenio de carreteras». Un convenio que no contemplan los Presupuestos Generales.