La solidaridad territorial, fuente económica de cooperación, progreso y desarrollo, implica tensiones y se utiliza de forma recurrente como arma arrojadiza en la batalla política. Los últimos datos de liquidación del sistema de financiación autonómica publicados por el Ministerio de Hacienda corresponden al año 2019, y dibujan un panorama concreto: tres agentes aportan recursos a los fondos, doce comunidades se benefician de ellos y otras dos van por libre. Así queda Baleares en el mapa de la solidaridad autonómica.
En efecto, las Islas son uno de los tres territorios que aportan al fondo de solidaridad entre autonomías. La que más aporta, con diferencia, es Madrid. En 2019 la Comunidad de Madrid destinó 6.000 millones de su recaudación a este fin. Además, Cataluña aportó 2.070 millones y las Islas Baleares 462 millones más.
Sobre esta realidad son pertinentes varias consideraciones. Madrid pone mucho más que las otras comunidades en términos absolutos; sin embargo tiene mucha más población que Baleares y se beneficia de partidas extraordinarias y sinergias propias por la condición de capitalidad del Estado. Algo parecido sucede en Cataluña, con Barcelona como importante centro generador de riqueza.
Si hablamos de riqueza per cápita, que es la variable a través de la cual se guía la solidaridad interterritorial en España, deberían sumarse al carro de los que llenan el saco País Vasco y Navarra. Sin embargo, sus peculiaridades tributarias derivadas del régimen foral les propician un tratamiento diferenciado en cuanto a financiación autonómica.
De este modo la mayor parte de los ingresos van allí mismo. Andalucía es la máxima receptora de fondos de solidaridad en términos absolutos. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que el territorio andaluz es el más poblado y extenso del país. Otra aportación relevante recibe Canarias; la mitad de sus ingresos totales corresponde a los fondos aportados por las comunidades ricas. Galicia, las Castillas y Extremadura suman, en cada caso, mil millones de euros de la financiación autonómica.
Baleares deberá aportar el año que viene un total de 308,8 millones de sus ingresos a fondos de solidaridad con otras comunidades autónomas. Es una parte de la cifra de financiación que ha facilitado el Ministerio de Hacienda al Govern como paso previo a la elaboración de los Presupuestos de 2022, a la que hay que sumarle los 183 millones de euros anunciados por el Gobierno central en concepto de factor de insularidad para contrarrestar las desventajas competitivas de ser un archipiélago.
Así, las Islas seguirán aportando ceros a la caja común, a pesar de la caída de ingresos derivada de la paralización económica que ha conllevado la pandemia de coronavirus en el archipiélago.