El STEI-Intersindical ha planteado este miércoles una propuesta para compaginar la capacitación lingüística de los profesionales sanitarios con la cobertura de puestos de trabajo, proponiendo crear una bolsa de excluidos por el requisito de catalán a la que se acuda cuando se agote la de admitidos.
Se trata de una propuesta formulada después de que el Tribunal Supremo no haya admitido un recurso del Govern balear y haya confirmado así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) que anulaba el decreto del catalán en sanidad.
En virtud del decreto, cualquier aspirante podía ser admitido en los procesos selectivos públicos, independientemente de su nivel de catalán, y obtener una plaza con la condición de personal estatutario fijo.
Sin embargo, se introducía la obligación de acreditar el nivel requerido de catalán en un máximo de dos años tras la obtención de la plaza. El personal que no lo hiciera, aunque mantendría la plaza, perdía el derecho a participar en procedimientos de movilidad o acceder a derechos económicos de la carrera profesional.
El pronunciamiento judicial implica volver a la situación, marcada por la ley de Función Pública, de manera que el catalán se trata de nuevo como un requisito sin excepciones.
El STEI ha abogado por «hacer compatible el derecho de los pacientes a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales con la cobertura de los puestos de trabajo» en el IbSalut.
En detalle, el sindicato propone copiar el sistema de Educación para las coberturas temporales, y, en cada convocatoria, publicar una lista de personas excluidas por no haber acreditado el requisito. Cuando se agote la lista de admitidos, el IbSalut podría contratar a la gente que no tiene el título. Cuando estas personas acrediten el certificado, pasarían a la lista de admitidos.
Respecto a las personas que no pueden acreditar los conocimientos de catalán que ya están trabajando en el IbSalut, para garantizar que podrán continuar en las bolsas, STEI ve «urgente» un plan de formación en tiempo de trabajo para prepararse los certificados oficiales.
«Si hace falta, debe habilitarse en la ley de presupuestos 2022 una partida específica para sustituciones temporales de la gente que está en clase», ha concluido el sindicato.