La Delegación del Gobierno ha archivado 768 procedimientos sancionadores por incumplir el primer estado de alarma decretado en marzo de 2020. La decisión de cerrar sin sanción estas multas es una consecuencia directa de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba nulos los artículos que más restringían la movilidad durante el confinamiento más duro.
El Alto Tribunal consideraba que el encierro domiciliario o las restricciones a la circulación debían haberse establecido mediante otra herramienta jurídica: la del estado de excepción.
Al ser declarados inconstitucionales estos artículos, todas las sanciones basados en ellos decaen. Así, a lo largo de la semana pasada, el Boletín Oficial del Estado publicó cuatro resoluciones de la Delegación del Gobierno en las que se constataba la finalización y archivo de los expedientes. En todos los casos se trata de aquellos que aún no se habían tramitado y que no han sido abonados por los ciudadanos multados.
Sanciones pagadas
Quedan pendientes por resolver el resto de sanciones en las que sí se ha efectuado ya el pago. La Administración efectuará de oficio la devolución aunque aún no se ha concretado cuándo ni la vía por la que se actuará. La sentencia del Constitucional invalida en torno a 2.600 sanciones tramitadas por la Delegación en Balears a partir de las más de 24.000 propuestas de sanción que plantearon las fuerzas de seguridad durante el periodo de vigencia del estado de alarma, entre marzo y junio de 2020. De todas estas, cerca de unas 800 personas han abonado ya la multa.