Los ex directores generales de Medi Ambient del Govern, David Abril y Ventura Blach, declararon ayer por los vertidos de aguas fecales por parte de Emaya a la Bahía. Ambos, que ocuparon el puesto, uno la anterior legislatura y otro, durante el Govern de Jaume Matas, fueron interrogados por el magistrado Antoni Garcias sobre la actuación de la Conselleria respecto a Emaya. La causa está abierta a partir de una denuncia de la Asociación de Navegantes del Mediterráneo, que sostiene que la Administración autonómica pudo incurrir en un delito de prevaricación por no sancionar a la municipal ante los reiterados vertidos a la bahía de Palma.
Ambos testigos asumieron que conocían la situación dado que era de dominio público ante las deficiencias tanto de la red de alcantarillado de la ciudad como a las limitaciones de la depuradora. Sin embargo, negaron que nunca hubiera ninguna resolución ni expediente al respecto. Entre ambos abarcan dos décadas largas de actuación.
Sin imputados
La causa, por el momento, no tiene a ninguna persona física como investigada y en ella sólo están personados el Govern y la asociación denunciante. A lo largo de toda la semana comparecerán cargos actuales y pasados de la Conselleria.
Esta actuación judicial se sigue en paralelo a la investigación sobre si esos vertidos constituyen un delito contra el medio ambiente. Esa investigación se sigue en otro juzgado, Instrucción 12, y la magistrada que la instruye ya ha dado por cerrada la causa al no prorrogar el plazo para mantenerla abierta. Sin embargo lleva casi un año a la espera de resolución. Las defensas de Emaya y de la teniente de alcalde de Palma, Neus Truyol, solicitaron en septiembre del año pasado el archivo de las actuaciones. La Fiscalía de Medio Ambiente se opuso y quiere que el asunto llegue a juicio. El Ministerio Público se apoya en varios informes del Seprona, que cifran en quinientas hectáreas la extensión de posidonia afectada por los vertidos. Enfrente, las defensas, esgrimen informes técnicos del Govern que niegan esa destrucción.
Mientras la juez decide sobre si cierra el caso o lo manda a juicio, avanza la investigación contra la actuación del Govern.