Alejandra Jacinto es la responsable estatal de Podemos, fue el equivalente madrileño a Ada Colau en su época de activista por el derecho a la vivienda. Colaboró con la PAH como abogada especialista en desahucios y ahora es diputada en la Asamblea de Madrid. Este fin de semana explica en Ibiza y Menorca algunas claves de la futura ley de la vivienda y del papel de Podemos.
¿Recoge la ley sus pretensiones?
—Sí, en buena parte. Era una ley muy difícil de sacar pero incluirá propuestas básicas para nosotros, como la regulación del precio máximo del alquiler, fijando un tope; saca la vivienda del mercado especulativo y proponer alternativas a los desahucios.
¿No teme que el PSOE ceda a las presiones y se rebaje?
—Siempre hay ese riesgo pero no creo que ocurra. Lo que se propone ya existe en otros países europeos y creo, más bien, que sucederá lo contrario; que durante la tramitación se recogerán más propuestas de la PAH [Plataforma de Afectados por la Hipoteca] y de otros colectivos.
¿Está garantizado un tope al precio del alquiler?
—Eso era algo fundamental. La ley regulará precios máximos de alquiler de viviendas en las zonas que de declaren Áreas de Mercado Tensionado y obligará a que los apliquen los grandes tenedores de vivienda.
¿Eso se puede regular?
—Sí, se puede regular el precio de la vivienda igual que se regula la circulación. Naturalmente un coche puede alcanzar los 180 kilómetros por hora pero existen los límites de velocidad y las sanciones por incumplirlos. Pero la ley no sólo prevé sanciones. Los pequeños propietarios, por ejemplo, tendrán incentivos para rebajar el precio de los alquileres.
El PP ya ha anunciado que no aplicará recargos al IBI de los pisos vacíos de sus municipios.
—El PP está en rebeldía sistemática. Pero no sólo contra el Gobierno. Es que, con su rebeldía, van en contra del derecho de las personas. Esta ley, por primera vez, asegura el derecho a la vivienda más allá de una declaración de buenas intenciones.
Baleares ya tiene ley de vivienda. No sé si la conoce ni si sabe cuál es la realidad de las Islas.
—Balears, y especialmente Eivissa, conocen muy bien el problema de la falta de vivienda, con precios imposibles para poder acceder a ella. En las Islas, sin embargo, hay unos 70.000 pisos vacíos. Conozco la ley de vivienda de Balears y es una gran ventaja que algunas comunidades ya hayan comenzado a regular este asunto; al fin y al cabo son las autonomías quienes tienen competencias en vivienda. Pero, además, con la norma estatal se creará un paraguas legal que permitirá medidas más concisas, también clave jurídica, ante los desahucios.
Desahucios es una palabra clave. ¿Cómo quedan?
—Los desahucios son un drama y es importante dar cumplimiento a los mandatos de las Naciones Unidas en el sentido de no llegar a ellos sin alternativa habitacional. La Administración ha de garantizar que nadie se quede en la calle. La ley brinda herramientas jurídicas.
¿Se trata igual a alguien desahuciado por un banco que a quien no paga el alquiler a un pequeño propietario?
—No, cada caso es diferente; como diferente es la propiedad de las viviendas. Lo que hacemos es evitar la especulación de quien tiene más de diez viviendas vacías, planteamos actuaciones para que no sean los fondos de inversiones quienes decidan o no el derecho a la vivienda. Hay medidas sancionadoras pero también sociales. El objetivo es regular el precio y ampliar el parque de viviendas públicas. El compromiso de Podemos es, en este sentido, irrenunciable.