Víctimas de desaparición forzada en sus países de origen, luchadoras incansables hacia la protección de miles de mujeres y activistas. Y tejedoras de solidaridad y cooperación internacional para construir espacios seguros. Sa Riera recibió este martes a siete activistas en defensa de los derechos humanos procedentes de Colombia, México y el Sáhara.
Las ponentes forman parte de un programa de movilidad y durante toda esta semana participarán en las Jornadas de Cooperación Feminista en la Universitat de les Illes Balears (UIB). El periodista David Oliver y la responsable de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras), Marusia López, dinamizaron la sesión.
«Nuestra arma es la palabra». María Jackeline Rojas, activista colombiana del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos habló con conocimiento y causa sobre la persecución que sufren «los defensores de los derechos humanos, líderes comunitarios, estudiantes y campesinos en un país donde exigir la garantía de las personas y sus derechos es un delito. Y de ahí que el gobierno cree la figura del preso político».
Desaparición forzada
«Yo también soy víctima de desaparición forzada hace 34 años, diez meses y dos días». No solo fue una de las afirmaciones de la colombiana y defensora de los derechos humanos Luz Marina Hache, que respaldaron las otras ponentes.
Esta actuación, cometida por el propio Estado y que viola los derechos fundamentales, es a la que se enfrentan diariamente las centenares de organizaciones que velan por la protección de sus ciudadanos ante las garras de los paramilitares: «Los paramilitares son el propio Estado colombiano obligado a defender la vida de sus ciudadanos que crea organizaciones civiles para quitarle la vida a sus ciudadanos. El Estado se vende como víctima cuando no lo es. Ha promovido durante 60 años esta guerra. Casi ocho millones de ciudadanos del país han sido desplazados internamente por intereses gubernamentales y económicos».
Susana de la Cruz, mexicana defensora de los derechos humanos de los indígenas, reconoció que el hecho de pertenecer a esta etnia «es criminalizado, no tanto por defensoras indígenas sino por ser mujeres». Relató cómo las activistas están sometidas a desapariciones forzadas, hostigamiento y asesinatos:«Nos vinculan con el crimen organizado, fabrican delitos hacia nosotras y nos mandan a prisión. Eres víctima de torturas y no puedes mostrar tu inocencia. El indígena no tiene acceso a la justicia, pierde completamente su voz y su derechos ante el Estado».
Preguntadas por qué les unen, la colombiana Yubitza Rovira matizó que «la lucha por nuestro territorio. Somos mujeres con nuestras peculiaridades pero con el sueño de cambiar nuestro territorio y alcanzar una vida digna». Jadiyetu El Mohtar, activista y miembro de Unión Nacional de Mujeres Saharauis, compartió que «todas nosotras venimos de excolonias españolas y nos une el idioma, las raíces, la cultura y el ímpetu de lucha por los derechos humanos».
El activismo que «transciende fronteras» fue lo que resumió ayer sus intervenciones, como exclamó durante su discurso Luz Marina Hache:«La defensa de los derechos humanos es una característica que tenemos. La vida digna no es solo humana, también es del medio ambiente».