La Agència de Defensa del Territori (ADT), que es el organismo dependiente del Consell de Mallorca encargado de hacer cumplir la legalidad urbanística en suelo rústico, ha ingresado únicamente 4,3 de los 35 millones de euros que ha puesto en concepto de multas entre 2009 y 2020. Así consta en la memoria de la ADT del año pasado.
El gráfico de la derecha, elaborado a partir de los datos de la memoria de la ADT de 2020, refleja la evolución del valor de las sanciones impuestas (la columna azul, Derechos reconocidos) y lo que efectivamente ha ingresado (la columna gris, Recaudado) el Consell entre 2009 y 2020. El escaso valor de las sanciones y la recaudación experimentado entre 2013 y 2016 coincide –aunque hay un decalaje– con el mandato de Maria Salom (PP) como presidenta del Consell, un período en el cual la Agència redujo notablemente su actividad.
Decalaje
La diferencia entre el importe de las sanciones y lo que efectivamente se recaudó se explica por varios motivos, indican fuentes del departamento de Territori i Urbanisme. En primer lugar se debe tener en cuenta la diferencia o decalaje entre el momento en qué se imponen las sanciones y el momento en el que los infractores abonan las cantidades. De hecho, es habitual que los infractores no abonen las sanciones hasta uno o varios años después. Sucede a menudo que los sancionados se recurran, por la vía administrativa y por la judicial, lo que retrasa su firmeza. En función de las circunstancias, la resolución de estos recursos puede llegar a tardar años. Solo en 2020 se interpusieron 83 recursos administrativos (y había 251 pendientes de resolución) y otros 31 judiciales contra la Agència.
Asimismo, hay infractores que solicitaron el fraccionamiento de la multa, lo que también explica el decalaje mencionado. Por último, hay que tener en cuenta que numerosos infractores que se declaran insolventes.
Históricamente, la propia ADT se hacía cargo, junto al departamento de Recaptació del Consell, de cobrar sus multas. En mayo de 2018, la ADT y la Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) firmaron un convenio por el cual ese último organismo, más eficaz al cobrar las obligaciones, asumía la gestión recaudatoria en vía voluntaria y ejecutiva de los ingresos derivados de procedimientos de la ADT, incluidas las sanciones por infracción. Sin embargo, las carencias informáticas impidieron que este sistema se pusiera en marcha hasta el mes de octubre de 2019.
El nuevo modelo ha funcionado, a juzgar por los datos facilitados por la ADT, puesto que solo entre el 1 de enero y el 31 de agosto de este año se han ingresado 1,5 millones de euros, más que en cualquier otro año (entero) anterior.
Hay que señalar que la Agència de Defensa del Territori, desde que se potenció su papel (con la aprobación de unos nuevos estatutos incluida) en 2015, ha dejado claro que no tiene un afán recaudatorio sino que su prioridad es hacer que se respete (o que se restaure) la legalidad urbanística vigente. En este sentido, la nueva normativa contempla importantes descuentos (de hasta el 90 por ciento del importe) para los infractores si éstos acatan sus resoluciones y dentro de ciertos plazos establecidos demuelen las edificaciones ilegales.