Dos días ha tardado el Govern en reaccionar ante la sentencia del TSJIB que le daba la razón en la actuación sanitaria ante el megabrote originado en Mallorca el pasado mes de junio entre estudiantes que celebraban el fin de curso. La Abogada de la Comunidad Autónoma ha presentado este miércoles una petición de archivo y sobreseimiento de la otra causa abierta, una penal, contra la directora general de Salut Pública que firmó las resoluciones, Maria Antònia Font, al considerar que ni el caso ni la imputación ya no tiene sentido.
En el texto, advierten que una vez conocida la sentencia de la sala contencioso administrativa del Tribunal Superior que ratifica el confinamiento forzoso de todos los jóvenes implicados en el brote, fueran o no positivos en COVID, las acusaciones de detención ilegal o prevaricación administrativa de los que se la acusó ya no tienen fundamento.
Por contextualizar, cuando el pasado mes de junio varias comunidades autónomas notificaron positivos entre jóvenes que tenían en común un viaje de fin de curso a Mallorca, el Govern ordenó el confinamiento de todos los estudiantes que seguían en los hoteles señalados. Muchos de ellos, también alentados por sus padres, hablaron de detención ilegal, algunos escaparon y en ciertos casos se tradujo en una demanda judicial contra la responsable.
Por la vía administrativa, la juez decidió en su día que el Govern sólo podía retener a los estudiantes que hubieran dado positivo, considerando que para privar de la libertad debía de justificarse por qué cada estudiante afectado se consideraba contacto estrecho.
El Govern acató pero también mostró su malestar y recurrió el auto. El TSJIB le ha dado la razón en una sentencia que acusa a la juez de no ser una experta epidemiólogo y que recupera una recomendación del Centro de Alertas Sanitarias del Ministerio de Madrid en el que se daba luz verde a considerar a todos los implicados como contactos estrechos.
Una decisión que llega tarde y ya no tiene efectos pero que ha servido ahora al Govern para avanzar en la otra vía abierta, la penal, y pedir el archivo de la causa para su directora general que, desde entonces, no ha tenido ninguna aparición pública.