La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha aprobado este miércoles la comparecencia, a petición del PP, de la Delegada del Gobierno en las Islas, Aina Calvo, para explicar el protocolo de acogida a personas migrantes.
La presencia de la representante del Gobierno central en las Islas en la Comisión ha recibido el voto favorable de PP, Cs, El PI, Vox y MÉS per Mallorca, que se ha desmarcado de los socios del Govern, que han votado en contra.
La sesión ha dado también luz verde a las comparecencias de la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, para explicar el plan de conciliación; y la del director de la Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción, Jaume Far, en relación al informe Bases para una auditoría ciudadana de la deuda pública de la CAIB 2007-2019.
Por otra parte, la Cámara ha aprobado por unanimidad y a instancias de El PI una Proposición No de Ley para instar al Estado a estudiar la modificación de la normativa sobre contratos del sector público para que las comunidades de bienes y entidades sin personalidad jurídica puedan acceder a contratos menores.
La diputada Maria Antònia Sureda, que ha defendido la PNL, ha explicado que en estos momentos de crisis económica resulta «especialmente pertinente» facilitar las cosas a los pequeños empresarios y autónomos.
Sureda ha resaltado de este modo que flexibilizar determinados regímenes jurídicos parece «una línea de acción conveniente para intentar reactivar la economía». La diputada de la formación regionalista ha añadido que en otros ámbitos y regímenes jurídicos ya se ha admitido que las comunidades de bienes a pesar de no tener personalidad jurídica tengan unas determinadas capacidades, por ejemplo, en el ámbito jurisdiccional.
Por otra parte, la sesión también ha aprobado varios puntos de una PNL presentada por el Grupo Popular en relación a los funcionarios de prisiones. De este modo, la Cámara insta al Gobierno central a negociar una «insularidad digna» para estos empleados públicos, así como a que se mejoren las condiciones salariales y a incrementar el complemento específico 250 euros mensuales este año y 50 euros mensuales en 2022.
El texto aprobado reclama igualmente al Estado que reconozca que existe un déficit de plantilla y le pide un compromiso para cubrir en dos años las plazas vacantes en Baleares.