«No entraremos en este conflicto porque es un tema político entre dos grupos. Lo que sí es cierto es que nosotros apoyamos al IB-Salut, en cómo ha realizado esta investigación, porque es el órgano competente y el resultado está claro, lo demás es ruido político». Son declaraciones del presidente del Sindicato Médico de Balears, Miguel Lázaro, quien defiende que no puede haber dos procedimientos diferentes sobre un mismo hecho. Y el hecho es un presunto caso de discriminación lingüística en el centro de salud de Son Pisà donde se investiga si una paciente tuvo que renunciar a su derecho de expresarse en catalán para recibir atención sanitaria.
Si bien Salut dio por zanjada la investigación el pasado domingo, el Govern desdijo el lunes a su propia Conselleria asegurando que se mantenía abierta y solicitando que se coordinara con la Dirección General de Política Lingüística.
«Nosotros confiamos plenamente en el IB-Salut, que es el órgano competente y especializado para hacerla. Ha sido muy concluyente, se dice que se actuó según la lex artis y que fue adecuada, por lo que entendemos que el expediente debe estar cerrado», asegura el representante del Simebal. Para Lázaro es reprochable el hecho de que «ningún médico se merece antes de una investigación la sobreexposición mediática que ha tenido este caso».
Desde el Sindicato Médico, «hemos hablado con la doctora y con los profesionales del centro de salud y sabemos lo que ha pasado, en ningún momento dudamos de esta doctora», defiende. «Me preocupa el tema mediático que ha soportado sin conocer antes su actuación y cómo se ha amplificado», añade. «Es un tema político que se traslada a la sanidad cuando aquí el problema ahora es que nos faltan médicos, que están agotados, que hay listas de espera, o pacientes ingresados en urgencias sin camas».