El Govern ha asegurado este miércoles que garantiza los derechos lingüísticos de los profesionales y de los usuarios del Servicio de Salud en relación a la posibilidad de usar cualquiera de las dos lenguas oficiales de las Islas, el castellano y el catalán.
El Ejecutivo autonómico «no sanciona a quien se niega a atender en catalán. Lo que hace el Govern es abrir acta administrativa a quien se niegue a dar atención sanitaria por este motivo», han señalado desde la Conselleria de Salud en un comunicado de prensa.
En este sentido, Salud ha recordado que la normativa autonómica actual dice que «todos los trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma tienen que conocer las dos lenguas oficiales en un nivel que les permita desarrollar las funciones de su lugar de trabajo y facilitar al ciudadano el ejercicio de sus derechos lingüísticos».
«Tanto los profesionales como los usuarios se tienen que adaptar a aquello que dice la normativa y se pueden expresar en cualquiera de las dos lenguas. Lo que garantiza el Govern es que ninguna atención sanitaria al paciente sea rechazada por razón de lengua, y es esto lo que supondría la apertura de un expediente administrativo para averiguar el caso concreto», han declarado desde Salud.
Respecto al procedimiento ante cualquier reclamación o queja, la Conselleria de Salud pone a disposición de los usuarios el Servicio de Atención al Usuario del Servicio de Salud y los servicios de Atención al Paciente de los hospitales. Además, la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura pone a disposición de cualquier persona la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, ante la cual se pueden tramitar reclamaciones en este sentido.
Según la Conselleria, cuando hay una reclamación o queja relacionada con cualquier tipo de situación dada dentro de la Administración y con la cual una persona no está de acuerdo, se inicia un procedimiento para dar una respuesta a la cual está obligada la propia Administración en cualquiera de sus ámbitos.
«La Conselleria de Salut considera que con la normativa vigente se pueden preservar los derechos lingüísticos de los profesionales y de los ciudadanos de las Islas dentro del ámbito del Servicio de Salud y, por lo tanto, no se prevé que se tenga que hacer ningún cambio normativo ni en cuanto a los procedimientos», han concluido.