Italia ha abierto la puerta a la vacunación obligatoria contra el coronavirus. El Tribunal Constitucional de Francia ha validado el certificado covid y la vacunación obligatoria para sanitarios, al considerar los jueces que estas medidas suponen una conciliación equilibrada entre las libertades públicas y la protección de la salud. Por otra, cinco Comunidades Autónomas de España abogan por que la vacuna sea obligatoria para sanitarios y trabajadores de residencias. Adémala, compañías como Microsoft, Google y Facebook han abierto el debate sobre la vacunación obligatoria para trabajar. Así, la aprobación total de la vacuna en EEUU ha dado luz verde a las empresas para exigirla a sus empleados: La aerolínea Delta exigirá 200 dólares al mes a cada trabajador que no se inmunice y empresas como CVS Health, Deloitte y Walt Disney también exigirán la vacunación o tests semanales. Por otra parte, en la mayoría de los países de la UE están exigiendo el Certificado COVID para acceder a determinados establecimientos o desempeñar algunas profesiones, lo que impone en cierta manera, una suerte de obligación, aunque sea indirecta, de vacunarse para poder realizar tales actividades. Mientras, la OMS se opone a que la vacunación contra la Covid -19 sea obligatoria. Está claro que el aumento de los rebrotes en residencias de ancianos, unido a la obligatoriedad anunciada por algunos países europeos ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la vacunación obligatoria.
El Ministerio de Sanidad siempre se ha mostrado en contra de forzar la vacunación, pero sí es partidario de endurecer las medidas de control en los centros sociosanitarios. Así, el Ministerio y las CCAA están estudiando cambios forzosos de puesto laboral y hacer tests a la semana a los empleados de centros de mayores, para minimizar los contagios. Vale la pena recordar que la reciente Ley 8/2021 de Salud de Galicia que preveía la posibilidad de vacunación obligatoria con determinados requisitos, contemplando sanciones económicas para el caso de negativa, ha sido suspendida en este aspecto por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno central que planteó recurso de inconstitucionalidad. También en Euskadi se ha hecho público un borrador de ley sobre salud pública en el que se prevé la posibilidad de vacunación obligatoria para los casos, entre otros, de riesgo urgente para la salud de la población o situaciones de emergencia de salud pública o pandemias.
Sabemos que la vacunación contra la covid, al igual que el resto de vacunas, es voluntaria en España. Por otra, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado una sentencia, en abril de 2021, que analiza la obligación legal de vacunar a los niños contra varias enfermedades y las consecuencias de su incumplimiento, donde se sienta la regla general de que imponer una vacunación obligatoria supone una intromisión sobre el derecho la vida privada de las personas del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. De todas formas, en España, la vacunación obligatoria es inconstitucional y se plantea, que en todo caso, habría que legislar por vía indirecta como en Francia. Mientras tanto, para algunos, la vacunación obligatoria contra el SARS-CoV-2 es jurídicamente posible, aunque dudan si es éticamente admisible. Lo que está claro es que si se plantea, ha de proceder de la propia Administración central, al afectar a derechos fundamentales reservados a Ley Orgánica y que son competencia exclusiva del Estado.
En España, la población está respondiendo a la llamada a la vacunación como pocas en el mundo, pero el crecimiento de los contagios en las residencias, comienza a preocupar. Junto a las comunidades, el Ministerio está estudiando la forma de hacerlo y se plantea que los trabajadores de estos centros que no se vacunen tengan que pasar dos análisis semanales o incluso sean trasladados de manera forzosa a puestos donde no estén en contacto con los ancianos. Parece ser que en estos momentos, no podría imponérseles la vacunación. Ni tampoco se les podría impedir el acceso al normal desempeño de sus actividades laborales, salvo que ello supusiera un riesgo grave para la salud pública y se obtuviera previa autorización judicial. Y cómo se apunta, ni el bien de terceros ni velar por la salud de los individuos parecen razones con el suficiente peso como para vulnerar derechos fundamentales. Es evidente que una posición autoritaria respecto a las vacunas podría aumentar el rechazo que ya tiene en un pequeño sector social.
En el debate público en torno a las vacunas existen dos posturas contrapuestas en base a si deberían o no ser obligatorias. Para algunos profesionales no anti vacunas, es inmoral e injusto atacar a los padres que deciden no vacunar ya que el riesgo individual para los niños que no son vacunados es muy pequeño, con una apuesta por que la comunidad médica trabaje en convencer y seducir a esos padres y madres que tienen dudas sobre estos tratamientos preventivos. Cómo dice Abel Novoa, ser crítico no es ser antivacunas. Y en esa línea, las falsas dicotomías surgidas alrededor de la pandemia han polarizado el debate y simplificado cuestiones complejas al obviar los matices, la escala de grises, que les acompañan. Cómo se dice, las democracias modernas, con información adecuada (información con emoción), normalmente no tienen que utilizar sistemas de imposición.