María Pérez está embarazada de cinco meses y debería estar viviendo los mejores meses de su vida, pero una serie de catastróficas desdichas le están haciendo la vida imposible.
Aún así, saca fuerzas para seguir adelante y denunciar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra: embarazada, sin empleo ni familia en la Isla, separada y conviviendo por el momento con su ex y llegando a fin de mes con 460 euros de la Renta Social Garantizada. «Malviviendo más bien», denuncia esta joven, que ve cómo todos sus sueños se vienen abajo.
Precariedad
Hace dos años, cuando en nuestras conversaciones habituales no se incluían palabras como pandemia, coronavirus, COVID-19 o EPI, María decidió dejar su empleo como topógrafa y cumplir su sueño de estudiar Mecánica de aviones, una profesión dominada por hombres, pero para esta mallorquina con sangre vitoriana y sevillana, eso no es un impedimento, más bien un acicate.
Se había pasado varios años antes calculando cuánto dinero necesitaría para pagar el alquiler, el carburante y comer sin entrar un sueldo en casa. Ahorró hasta el último euro posible; solo cuando cumplió su objetivo, dejó su trabajo y se inscribió en un centro especializado en mecánica de aviones en Mallorca.
Contaba con superar los 13 módulos de los que consta el curso y las prácticas antes de que se acabaran los ahorros, pero llegó la pandemia, se retrasaron las clases y el dinero empezó a desaparecer a marchas forzadas. Sin buscarlo, se quedó embarazada hace ahora casi seis meses de su pareja, con el que llevaba un año y medio.
Hace dos semanas decidieron romper de mutuo acuerdo porque la convivencia no era buena: «Somos como el agua y el aceite. Se va a hacer cargo de su hijo, convivimos bajo el mismo techo, pero no es cómodo para ninguno. Pero qué puedo hacer», se pregunta María, que ha acudido a los servicios sociales solicitando ayuda.
«Con 460 euros no puedo pagarme un alquiler, comer y comprar las cosas del niño. Nadie me va a contratar embarazada ni va a alquilar una habitación a una madre recién parida. La situación es desesperante. Benestar Social del Consistorio palmesano dice que no hay viviendas sociales y la ayuda al alquiler de 200 euros dura lo que dura la partida», lamenta María, que ha llegado a valorar trasladarse a Asturias o Galicia porque allí la vivienda es más económica. «Pero soy mallorquina, por qué debería hacer las maletas e irme. Uno jamás espera encontrarse en una situación así».
9.000 familias atendidas al mes
Según el área de Benestar Social de Cort, la pandemia llevó a una demanda social sin precedentes: 12.000 familias en junio de 2020. Desde entonces, el número se ha ido reduciendo, aunque continúa muy por encima de los tiempos anteriores a la crisis sanitaria. Entre octubre de 2020 y febrero de 2021 la cifra se ha estabilizado entre las 8.700 y 9.000 familias atendidas cada mes.