El día 30 de diciembre de 2020, la Policía Local procedió a denunciar a cinco amigos que se encontraban cerca de la Catedral. Eran las 18.45 horas y, según la denuncia, el motivo fue «hallarse en la vía pública más de seis personas», en concreto siete. Gloria Morales es la madre de uno de estos menores, de 17 años, y asegura que no tiene recursos para afrontar los 3.001 euros que le requieren ni los 1.800 euros si lo hace antes de mañana miércoles.
«Recibimos la denuncia el pasado 11 de agosto. Mi hijo, David, que en ese momento tenía 16 años, me explicó que en su grupo solo eran cinco chicos, pero que pasaron dos amigas a saludarlos. Me dijo que, en un principio, la Policía Local solo quería sus DNI no para multarles, sino para advertirles de la normativa sobre las reuniones», explica Gloria en nombre de su hijo menor.
Desde que les llegó la denuncia han intentado recurrir el caso ante el Ajuntament, la Policía Nacional y Local «pero nadie me da la razón, no me atienden», asegura. Morales explica que su hijo «no bebe, ni fuma ni hace botellones. Ese día solo estaban paseando y únicamente eran cinco». David es estudiante de mecánica y deportista desde bien pequeño. Según relata la mujer, su hijo no ve justa la multa incluso se plantea dejar los estudios para ponerse a trabajar y pagarla.
La familia cuenta con un salario reducido por una baja médica temporal. De hecho, ya en la pandemia tuvieron que mudarse su hijo, su marido y ella a otra casa porque no podían asumir el alquiler. Critican, no obstante, que de los cinco jóvenes multados por la policía, solo ha llegado la denuncia a tres de ellos, uno de los cuales David. El menor relató a su madre que los agentes dejaron marchar a las dos chicas, sin previa multa. «Estoy a la espera de la cita con el abogado de oficio, pero no me la dan hasta finales de octubre. No voy a poder pagar los 1.800 euros mañana y si no lo hago, luego el importe será de 3.001 euros y Hacienda embargaría mi salario», cuenta Gloria que le advirtieron tras una consulta telefónica.
Gastos
Gloria Morales relata que cada mes gastan una media de 550 euros entre luz, agua y el alquiler de su piso de Can Pastilla. La mujer trabaja en un supermercado pero está de baja, pendiente de una intervención quirúrgica en una mano. Con estos gastos, Gloria justifica que no puede asumir el importe y es consciente de que, a pesar de que perderá la reducción, «primero tengo que ir al abogado de oficio y ver si me corresponde para recurrirla», manifiesta.
Decepcionada y desesperada ante esta situación, conoce otros casos en que las familias «sí han podido justificar que al ser menores los sancionados son insolventes, pero a mí la Administración no me ha hecho caso», lamenta. También tiene una hija mayor de edad independiente, pero está en paro y no puede ayudar a afrontar el coste.
A la espera de saber qué hacer o qué pasará, Gloria Morales insiste en que no cuenta con el dinero suficiente para afrontar una denuncia que, a su juicio, «es injusta porque mi hijo no hacía nada y cumplía la normativa». De momento, confiesa que no va a poder pagar el importe con la reducción del 40 % y que esperará a la cita con el abogado de oficio para encontrar una solución. «Espero que se pueda recurrir. Quizá las otras dos madres pueden pagar, pero yo estoy desesperada», opina.