El Govern ha asumido este lunes que no podrá pedir el certificado de vacunación o PCR negativa para acceder a locales de restauración y reconoce que hay dificultades jurídicas para imponerlo. Tampoco podrán solicitarlo en gimnasios o entrenamientos deportivos.
El portavoz se ha referido al debate social y político sobre la conveniencia de exigir el pasaporte COVID a los ciudadanos para acudir a determinados espacios. Negueruela ha defendido la necesidad de contar con el aval del TSJIB, incluso antes de plantear las medidas restrictivas a los miembros de la Mesa de Diálogo Social.
El portavoz ha recordado que el ocio nocturno ha solicitado que se establezca el «certificado digital» de vacunación para entrar en sus locales, si bien se trata un asunto que está analizado el ejecutivo autonómico. Pero, en estos momentos, lo que pretende el Govern es que toda su normativa anticovid esté avalada por el TSJIB. Por lo tanto, queda en el aire si el Govern exigirá la vacunación o pruebas negativas para entrar en gimnasios o para la práctica deportiva de menores en competiciones oficiales.
Sin embargo, si que han acordado solicitar al Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) que le autorice para exigir a los ciudadanos la vacunación completa, o certificado de haber pasado la COVID en los últimos seis meses o una PDIA negativa hecha 48 horas antes o en 72 horas si es una PCR para asistir a grandes acontecimientos deportivos o culturales en Baleares.
En concreto, el portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha explicado que la petición es para asistir a acontecimientos culturales o deportivos que reúnan de 2.500 a 5.000 personas en el exterior y de 500 a 1.000 en el interior. Hasta que el TSJIB no lo autorice, el máximo de aforo en este tipo de acontecimientos será de 2.500 personas en el exterior y de 500 en el interior. Además, el Govern ha solicitado permiso al TSJIB para exigir estas pruebas a todos los visitantes de las residencias de la tercera edad de la comunidad autónoma.
Negueruela ha señalado que esta petición al tribunal balear ha sido recomendada por el Abogacía de la Comunidad Autónoma tras las decisiones adoptadas por parte del Tribunal Supremo y las restricciones aprobadas por los gobiernos autonómicos.
En concreto, la solicitud del Govern tiene lugar después de que el Tribunal Supremo no haya avalado las medidas planteadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha para las residencias de mayores, entre ellas, la de someter a los trabajadores de los centros de esa región a pruebas periódicas de COVID.
Según el Supremo, se trata de una medida que afecta al derecho fundamental a la intimidad personal y que se plantea como obligatoria de forma general para todos los trabajadores de las residencias de mayores.