Pere Carrió (Palma, 1946), apura su tiempo como presidente del Consell Escolar de les Illes Balears. Lo ha sido en dos etapas: 2007-2011 y 2015-2021. Previsiblemente, dejará el cargo en septiembre para que le suceda la ibicenca Pepita Costa. Carrió fue docente durante 20 años e inspector educativo durante otros 21, además de profesor de Pedagogía en la UIB.
Haciendo balance de esta última etapa, ¿cómo se encontró el Consell Escolar en 2015?
— Tras la época de Bauzá, había que recuperar el sentido común y la composición y las funciones propias del Consell Escolar. Habían sido años muy malos y los miembros estaban muy desanimados. Se había reducido la representatividad social y el ambiente era deplorable, con una lucha continua contra una política educativa muy dura.
Una de las acciones importantes fue el Pacte per l'Educació.
— Trabajamos durante mucho tiempo para llegar a acuerdos. Se elaboró el documento final Illes per un Pacte y lo enviamos al Parlament, donde todo se malogró. Los partidos políticos iban a lo suyo y no se pusieron de acuerdo. El documento final surgido del Parlament no tenía ninguna utilidad. Los partidos no estuvieron a la altura del esfuerzo previo que había realizado la comunidad educativa.
¿Pasará lo mismo con la Llei d'Educació, que en septiembre llega al Parlament?
— La nueva ley, según el conseller March, recoge el espíritu del Pacte per l'Educació. Una ley de educación necesita durar, perdurabilidad. Si no, no tiene utilidad. Si la nueva ley no consigue el apoyo de una amplia mayoría, no servirá para nada. La verdad, no tengo confianza en que se consiga esa amplia mayoría. Soy pesimista. Me parece que cada partido tiene sus ideas y en lugar de buscar las coincidencias, irán a buscar lo que les separa. La mirada de los políticos es a corto plazo. Les interesa lo que ellos pueden hacer mientras están en política. La educación evoluciona lentamente, poco a poco, pero la política la ralentiza aún más.
¿La lengua será un problema?
— Seguro que el PP tiene puntos de acuerdo con el texto de la ley, pero, escuchando a Pablo Casado y a los que le aplauden, ya podemos suponer que la lengua puede ser un elemento de distorsión, que aquí podemos tener un problema. Pero ésta es una ley educativa, no lingüística. Y hay otras cuestiones importantes, como la regulación de la función docente, la autonomía de centros y la dirección escolar, o los canales de participación.
Parece que la concertada ya ha marcado territorio.
— El conseller March se ha llevado relativamente bien con la concertada. Pienso que las discrepancias no son tan grandes.
¿Cuáles son los males de la educación en Balears?
— Se han dado pasos positivos, pero hay una serie de males endémicos como el abandono prematuro de los estudios, conseguir una amplia cobertura de la etapa 0-3 años como educativa, los altos niveles de fracaso escolar y la atención a los alumnos que llegan de fuera y a los de necesidades especiales. Evidentemente, todo esto no se soluciona en dos días, pero ha habido mejoras significativas. Balears ya está en las medias del Informe PISA. Y hay cuestiones que escapan a lo estrictamente educativo y tienen su origen en la realidad socioeconómica de Balears. El abandono prematuro obedece en buena parte a la posibilidad de tener un empleo a una edad temprana. El problema es que, en su mayor parte, ese empleo es precario.
¿Cuál cree que es la percepción del sistema educativo?
— Tenemos un profesorado competente y preparado, y unas familias que se implican cada vez más en el proceso educativo. Creo que la institución escolar y, concretamente, la enseñanza pública están bien valoradas. Y tenemos que avanzar hacia una educación que se adapta al alumno y no al revés.