El Gobierno ha destinado desde enero casi 600 millones de euros a la protección de trabajadores en Baleares, de los que 146,7 millones han sido para aquellos en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), 213,9 millones para los autónomos, además de las prestaciones a fijos discontinuos.
Durante el primer semestre de 2021, el Gobierno ha destinado casi 600 millones la protección de trabajadores afectados por el impacto de la pandemia sobre la actividad económica en el archipiélago, con la mayor cuantía, esos 213,9 millones, por la prestación extraordinaria para los 18.843 autónomos con actividad reducida, según un informe de balance facilitado por la Delegación del Gobierno en Baleares.
En cuanto a los ERTE, se han beneficiado cada mes unos 41.512 trabajadores de media entre enero y junio. En el caso de los fijos discontinuos, las medidas extraordinarias han alcanzado a 53.868 trabajadores en Baleares, según el informe de rendición de cuentas.
La comunidad autónoma también ha recibido en este mismo período 772,2 millones de euros del Fondo de Financiación para mejorar la liquidez y fortalecer el Estado del bienestar.
Esta medida se complementa con otras de reactivación de la economía, como los 855 millones en ayudas directas a autónomos y empresas de los sectores más afectados por la incidencia de la COVID-19.
El Gobierno central también ha concedido avales a 951 empresas de Baleares en el primer semestre, para líneas ICO, por valor de 399,8 millones y ha autorizado más de 2.300 millones de euros de endeudamiento para hacer frente a garantías y avales.
La Delegada del Gobierno, Aina Calvo, ha destacado que esta transferencia de fondos a las comunidades «ha sido clave para afianzar la recuperación, específicamente en territorios como las islas, donde la rápida ejecución de estas inversiones ha permitido retomar la actividad empresarial en el sector turístico».
En cuanto a la campaña de vacunación, el Gobierno ha hecho llegar a Baleares 1.025.280 dosis de vacunas contra la covid-19 hasta junio, lo que «ha permitido reducir las restricciones a la movilidad para hacer posible el inicio de la temporada», ha dicho Calvo.
En cuanto a la cobertura social de los colectivos de población más vulnerables, hasta julio, el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en Baleares a 9.194 personas, de las que unas 3.600 son menores de edad.
En el ámbito laboral, se han destinado 50 millones de euros al desarrollo de políticas activas de empleo y 16,6 millones a programas de formación profesional para el empleo.
En el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Baleares ha percibido 4,1 millones de euros trasferidos a la comunidad autónoma y los ayuntamientos, para la creación de centros de atención integral 24 horas y el desarrollo de programas de asistencia social a víctimas y menores.
Por otra parte, se han suscrito protocolos para la promoción de 476 nuevas viviendas destinadas a alquiler social, de las cuales 245 están en Mallorca, 131 en Ibiza y 100 en Menorca. Se ha autorizado edificar 532 viviendas protegidas en Ca n'Escandell, con una inversión de 11,7 millones.
En materia de infraestructuras, el Gobierno ha incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia la financiación del futuro tranvía de Palma y ha garantizado un presupuesto de 3 millones de euros para la construcción de la nueva sede de Dirección Insular de la Administración General del Estado (AGE) en Ibiza y Formentera.
En Menorca se ha firmado un protocolo de actuación con el Consell para elaborar el primer Plan de Acción de la Agenda Urbana Española (AUE).
Para actuaciones en el sector industrial y en la reforma de edificios residenciales se han destinado 8,7 millones para actuaciones de eficiencia energética; para proyectos de generación térmica y eléctrica renovable el IDAE ha destinado 20,7 millones y el sector cultural ha percibido 140.000 euros, recoge el informe.