La Agencia de Defensa del Territorio (ADT) de Mallorca registró en 2020 un «incremento espectacular» en el ámbito de colaboración ciudadana y de las administraciones, llegando a registrar cifras récord «pese a las consecuencias de la pandemia», que paralizó durante dos meses y medio los procedimientos administrativos.
Según explicaron este viernes en rueda de prensa la consellera insular de Territori, Maria Antònia Garcias, y el gerente de la ADT, Tomeu Tugores, las herramientas informáticas de las que dispone la Agencia desde 2018 y las alternativas aportadas frente al confinamiento, «han permitido continuar el ritmo de actividades e, incluso, superar los indicadores de 2019». Las cifras «más destacables» se observan en las denuncias de particulares, con un total de 191 en 2020, «la cifra más alta registrada con mucha diferencia».
Otros récord se han visto en las denuncias de las administraciones, 225, y en la presentación de comunicaciones anónimas: 174 frente a las 138 presentadas en 2019, así como en la paralización de 96 obras en ejecución, «la cifra más alta alcanzada nunca».
Además, los procedimientos sancionadores y de demolición iniciados también han aumentado, siendo 228 en 2020 frente a los 226 del año anterior. No obstante, los «efectos de la pandemia se han hecho notar» en las sanciones impuestas y en las órdenes de restablecimiento dictadas, afectadas por la suspensión temporal de los plazos de tramitación y resolución.
Esto se ha traducido en la imposición de 187 sanciones y 82 órdenes, que, «si bien son cifras inferiores a las de 2019, sitúan la actividad de la Agencia en niveles similares a 2017 o 2018». Sobre el número de demoliciones ejecutadas el año pasado, fueron 102, el segundo dato más alto registrado.
Con ellas, en los últimos cuatro años se han ejecutado un total de 404 demoliciones. Además, el ritmo de demoliciones continúa en 2021, ya que en los primeros seis meses se han llevado a cabo otras 61.
En cuanto a la tipología de nuevas infracciones, en 2020 se detectaron 47 viviendas nuevas y 39 piscinas sin licencia, lo que supone el 30 por ciento del total, «porcentaje similar al de años anteriores». Otro tipo de infracciones más habituales han sido las edificaciones de nueva planta no destinadas a vivienda y ampliaciones de edificacion.