Si el Govern balear quiere aprobar determinadas restricciones, deberá solicitar el aval de los tribunales con el riesgo de que se lo denieguen, especialmente tras la sentencia del Tribunal Supremo que anuló el toque de queda.
Esta es una de las limitaciones que necesitan ser refrendadas por los jueces, al igual que restringir el número de personas que pueden reunirse en los ámbitos privados.
El Supremo no se ha pronunciado sobre este asunto, pero la Fiscalía de Balears se opuso en su día a estas restricciones del Govern ya que entendía que no estaban justificadas y que vulneraban derechos fundamentales.