La inclusión de una disposición sobre el transporte a Cabrera en la ley de medidas económicas para paliar los efectos de la COVID ha terminado en el Tribunal Constitucional. El Juzgado de lo Contencioso 3 de Palma planteó una cuestión de inconstitucionalidad porque la norma anulaba de un plumazo un concurso público ya abierto para la concesión del transporte recreativo a la Isla.
El Constitucional devuelve al juzgado el asunto por un motivo formal, la falta de un trámite de audiencia a las partes, pero el expediente cuenta con un duro informe de la Fiscalía que detalla: «El ministerio público, como garante del principio de legalidad, no puede admitir los indicios, no de discrecionalidad, sino de evidente arbitrariedad administrativa que han permitido a un organismo público, el IBANAT, modificar a su antojo un marco normativo con utilización de vías dudosamente legales, perjudicando los legítimos derechos de la entidad concesionaria».
El concurso para dar autorizaciones de transporte de visitantes al parque nacional del archipiélago de Cabrera fue convocado en marzo de 2019 por el IBANAT. Se tuvo que suspender poco después por una serie de recursos, entre otros, interpuestos por la entidad Excursions a Cabrera S.L. Sin que se llegaran a resolver esos recursos, el organismo anulaba de golpe el concurso por la aprobación de esta ley. La norma prorrogaba las concesiones existentes mientras se tramita el nuevo plan de uso y gestión del parque de Cabrera. A la vez, incluía otra disposición transitoria que regulaba de forma provisional el traslado de viajeros.
La empresa afectada ha plantado medidas cautelares en el juzgado para paralizar esta norma y el juzgado decidió elevar una cuestión de constitucionalidad sobre la ley porque considera que invade normativa básica nacional.
El magistrado apunta que la normativa incurre en una «extralimitación legal» y considera «inexplicable» que se incluya en una norma de reactivación económica por la crisis de la pandemia.